28 de octubre de 2008
Por: FTC
A solicitud de la Comisión Federal de Comercio, (Federal Trade Commission, FTC) un juez de una Corte Federal de Distrito ha congelado los activos de una operación canadiense y ha ordenado el cese de sus presuntas prácticas ilegales ? facturación de cargos a negocios del territorio continental de Estados Unidos y de Puerto Rico por espacios en listados en guías telefónicas que ellos no habían solicitado ? hasta tanto se resuelva el asunto en la corte. La Comisión procura obtener una interdicción de carácter permanente para impedir que los demandados cometan futuras violaciones y devuelvan las ganancias mal habidas.
De acuerdo a los términos de la demanda de la FTC, los demandados vendieron engañosamente por teléfono espacios en guías de negocios publicadas en Internet y servicios de servidor de páginas Web a negocios operados por hispanohablantes. Presuntamente, los demandados les dicen a los consumidores que están llamando de parte de las páginas amarillas o de compañías telefónicas locales para verificar o actualizar los nombres, domicilios y teléfonos de los negocios. Frecuentemente, el propósito de la llamada se describe como una renovación, y generalmente no se menciona el costo. En caso de alguien pregunte el costo, la respuesta es “el mismo del año pasado”, aunque los consumidores nunca antes hubieran comprador sus servicios.
Tal como se establece en la demanda, las facturas de los demandados usualmente llegan al domicilio de los consumidores dentro de sobres impresos con un símbolo que a menudo está asociado con la guía de páginas amarillas de la compañía telefónica local ? la conocida imagen de dos dedos caminando sobre la portada de la guía. Las facturas provienen de una compañía llamada Enterprise Who’s Who y usualmente, el monto de la factura inicial es de $359.40. Varios negocios pagan las facturas creyendo que éstas provienen de su compañía telefónica local, o luego de que les dicen que alguna persona del negocio ha manifestado su acuerdo para comprar el servicio y que los demandados tienen en su poder una grabación de la autorización. Los consumidores que cuestionan estos cargos son amenazados con acciones de cobranza y reportes negativos de crédito. Los consumidores que escuchan la grabación de los demandados no escuchan ninguna autorización, pero aún así son amenazados con acciones de cobranza.
Presuntamente, cuando los consumidores continúan negándose a pagar, los demandados les envían cartas que provienen de una supuesta agencia de cobranzas, PCM Collections, y los amenazan con reportar datos negativos a las compañías de informes de crédito y con demandas judiciales. En varios casos, los consumidores pagan las facturas para proteger sus calificaciones de crédito.
Los consumidores que pagan, a menudo reciben facturas adicionales por otros servicios no solicitados, descritos diversamente como el saldo adeudado por el servicio original, un cargo de renovación, un servicio adicional de servidor de páginas Web. Los demandados continúan diciéndoles a los consumidores que poseen autorizaciones grabadas. Cuando los consumidores les piden que cancelen los servicios no autorizados, en algunas ocasiones la compañía les imputan cargos de cancelación no declarados por montos que van desde $299 hasta $500. Si los consumidores no pagan prontamente estas facturas, los demandados procuran su cobranza por medio de una nueva facturación, cartas amenazantes, e insistentes llamadas de cobranza. Si los consumidores presentan un reclamo a Better Business Bureau, los demandados acuerdan en dejar de seguir facturándoles servicios a esos consumidores, pero continúan haciéndolo y acosándolos para que paguen.
Los demandados son 9163-7710 Quebec, Inc., en ejercicio del comercio bajo el nombre de Enterprise Who’s Who y PCM Collections, y su director ejecutivo Rodolfo García Rodríguez, Jr. Los mencionados anteriormente están acusados de violar la Ley de la FTC representando falsamente que poseen una relación comercial preexistente con los consumidores, que los consumidores han manifestado su acuerdo para comprar sus servicios y que los consumidores les deben dinero.
La FTC agradece la colaboración brindada por la Real Policía Montada de Canadá y por Project COLT, una iniciativa integrada por múltiples agencias de EE.UU. y de Canadá conformada en los años 90 con la intención de combatir el fraude de telemercadeo.
El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar la demanda fue de 4-0. La demanda fue presentada ante la Corte Federal del Distrito para el Distrito de Puerto Rico; el 9 de octubre de 2008 el Juez Gustavo A. Gelpi expidió una orden de interdicción temporaria, y el 17 de octubre de 2008 expidió una interdicción de carácter preliminar.
