18 de julio de 2011
El Nuevo Dia
El parque ecoturístico Punto Verde (PV) cerrararía operaciones este mes, dejando en la calle unos 100 trabajadores y pérdidas millonarias, luego de que el área donde enclava se transfiriera al Municipio de San Juan. Aparte de los despidos y la pérdida monetaria (que afectaría al propio gobierno), el cierre del ecoparque supondría un golpe a la política pública de la administración de Luis Fortuño. Esto, porque PV opera bajo un "contrato de concesión", o sea, como una Alianza Público-Privada (APP). La vigencia de tal contrato es de 15 años. El caos contractual y económico de PV es fruto de la Resolución Conjunta 180, que aprobó la presente Legislatura el 30 de diciembre de 2010 y que transfirió el parque Luis Muñoz Marín (PLMM) al municipio de San Juan. El PLMM estaba adscrito a la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico. La ley que rige esa agencia prohíbe explícitamente, en su artículo 20, la transferencia titular de sus instalaciones a ningún ente privado, corporación pública o municipio. La situación empujó a PV a solicitar a los tribunales un interdicto preliminar y permanente y unos $20 millones en daños y perjuicios, entre otros remedios. Ramón Alejandro Pabón, portavoz del municipio de San Juan, señaló que el gobierno capitalino no haría comentarios porque el asunto se había trasladado al foro judicial. "El parque está semicerrado", reconoció con pesar Angelita Rieckehoff, presidenta de la corporación de trabajadores. Aunque el parque continúa operando, para la abogada, la situación por la que atraviesan desde hace unos 45 días resulta impensable, si se considera que fue el propio Fortuño, quien inauguró PV en abril de 2009. Estrangulados La falta de mantenimiento al PLMM ha sido tan adversa a PV que desde junio, el ecoparque ha quedado sin servicio de energía eléctrica en unas 15 ocasiones, incluidos unos cinco minutos de la entrevista con El Nuevo Día. En principio, PV sintió "algo de esperanza", ya que el estado del PLMM era tan deplorable que la transferencia podría resultar positiva, dijo Rieckehoff. Empero, desde el traspaso de tierras, la comunicación con el gobierno municipal ha sido nula. La primera comunicación formal de San Juan a PV es una misiva del 2 de junio, en la que se instruye a PV, a limitarse a operar en el área que ocupa y que "oportunamente", se revisarán las condiciones del área, pues el municipio planifica "un gran proyecto de mejoras a todo" el parque. La otra respuesta del gobierno capitalino ha sido cerrar el acceso vehicular y peatonal por la avenida Domenech, aún cuando el contrato entre el gobierno y PV estipula que esa es la vía de acceso. Tras el cierre, el municipio incluso removió los letreros que avisaban a los visitantes del cambio de entrada. Para colmo, y sin considerar aspectos de seguridad, también se cerró el acceso por el estadio Hiram Bithorn y que sería la ruta alterna más cercana. Los visitantes reciben otra respuesta del municipio, según constató este diario. Si el consumidor indica que va al coliseíto Pedrín Zorrilla le cobran $2 por aparcar el vehículo. Si va a Punto Verde, el costo de aparcar son $5, junto con la advertencia de un empleado municipal: "a ese parquecito le queda poquito". Según Rieckehoff, las presiones que ha recibido PV para obligarle a cerrar son un mal augurio para el programa de APP que fomenta el propio gobierno. "(La Autoridad de) Carreteras acaba de otorgar un contrato de 40 años. Qué va a pasar si ahora transfieren la autopista a los municipios", cuestionó Rieckehoff. Rieckehoff aprovechó la entrevista para reiterar su disposición de conversar con el alcalde, Jorge Santini. En especial, porque PV ha sido el único sustento y mecanismo de superación para decenas de residentes en las comunidades pobres de la propia ciudad capital, subrayó.
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