14 de julio de 2011
El Nuevo Herald
Activistas comunitarios advirtieron el miércoles del impacto que tendría en los latinos los posibles recortes a programas como el Seguro Social, que figuran en la disputa presupuestaria entre la Casa Blanca y los republicanos del Congreso en Estados Unidos. Las negociaciones para elevar el límite de la deuda nacional antes del próximo 2 de agosto, y así evitar una suspensión de pagos, continúan sin atisbos de solución, mientras el asunto cobra urgencia ante la anémica recuperación económica en el país. El presidente Barack Obama se reunió el miércoles por cuarto día consecutivo con los líderes del Congreso para tratar de forjar un acuerdo, porque hasta ahora las negociaciones sólo han arrojado enfrentamientos entre demócratas y republicanos. Ante este escenario, activistas y expertos consultados por EFE tacharon de inaceptables los recortes en los beneficios que se pretenden hacer a programas populares como Medicare, Medicaid y el Seguro Social. "El impacto sería desproporcionadamente mayor entre los afroamericanos y los hispanos que dependen de estos programas", aseguró Dean Baker, codirector del Centro para Investigaciones Económicas y de Política (CEPR, en inglés). "El Seguro Social será solvente hasta al menos 2036 y no encara una crisis inminente, por eso no tiene mucho sentido que estén proponiendo recortes. Para los que no tienen otra fuente de ingresos, cualquier recorte sería muy grave", agregó. Los recortes agravarían las condiciones de vida para las poblaciones más vulnerables, como los pobres, niños, ancianos y jubilados, según Jeff Cruz, director ejecutivo de la coalición Latinos para una Jubilación Segura. La propuesta de recortar $112,000 millones del Seguro Social en la próxima década "es especialmente dolorosa para latinos que no tienen un plan de pensión privado", y sumirá a muchos en la pobreza, advirtió Cruz en un comunicado. Deepak Bhargava, director ejecutivo del Centro para un Cambio Comunitario, aseguró que el déficit no proviene de los programas para jubilados sino "de una crisis de empleos, que Washington está ignorando, y de una escasez de ingresos agravada por recortes tributarios a los ricos y las corporaciones". "Si Washington se enfocara en crear empleos para los 24 millones de estadounidenses que carecen de empleo a tiempo completo, y en obligar a Wall Street, a las corporaciones y a los ricos a pagar una cuota de impuestos justa, no habría problemas de deuda o déficit", enfatizó. Sin un aumento en el límite de la deuda -es decir, la cantidad que puede pedir prestado el gobierno para hacer frente a sus obligaciones de gasto-, habría un aumento en las tasas de interés lo que, a su vez, causaría un efecto dominó negativo en el resto de la economía. Casi en señal de rendición ante el estancamiento, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha propuesto un plan para que, de forma expedita y en tres etapas, Obama pueda aumentar el límite de la deuda sin necesitar el apoyo republicano. El plan es "un último recurso si el Presidente continúa evadiendo sus obligaciones para hacer algo ante nuestra grave situación fiscal", afirmó el miércoles McConnell en el pleno del Senado. Su compleja propuesta, si la aprueba el Congreso, permitiría que Obama aumente el techo de la deuda en hasta $2.4 billones, a cambio de que proponga, por escrito, mayores recortes presupuestarios. Obama ha insistido en la necesidad de hacer "sacrificios" para combatir el déficit y ha dejado en claro que EEUU no puede abandonar sus obligaciones. Pero los demócratas se oponen a los recortes sociales sin garantías de que los republicanos acepten el trago amargo de un aumento en los impuestos. En aras de la disciplina fiscal, los republicanos exigen recortes de gastos y rechazan una alza tributaria, desoyendo las advertencias de una posible mora en los pagos. El febril ritmo de negociaciones tiene como trasfondo una tasa nacional de desempleo del 9.2 por ciento -entre los hispanos es del 11.6 por ciento-, unos 14 millones de desempleados y un débil mercado laboral. Mientras, economistas de renombre internacional -incluyendo seis premios Nobel- y una amplia coalición del empresariado, exigen a la clase política una solución consensuada. Los dos partidos se han aferrado a sus posturas pero, de cara a los comicios generales del 2012, la posibilidad de que EEUU entre una moratoria es un riesgo político que no apetece a nadie.
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