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  Por el libro
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8 de julio de 2011

La Opinion

WASHINGTON, D.C.— Una nueva política anunciada ayer por el Departamento de Vivienda (HUD) exigirá a las compañías hipotecarias que ofrezcan un período mínimo de 12 meses para modificar o suspender el pago de propietarios desempleados.

Esto se aplicará solamente a préstamos respaldados por la Administración Federal de Vivienda (FHA).

Aunque el gobierno no tiene cifras exactas respecto a cuántas familias hispanas se beneficiarán con el anuncio, estiman que serán miles en todo el país. De acuerdo con HUD, un 60% de todos los préstamos otorgados a afroamericanos y latinos son respaldados por FHA.

Actualmente el plazo mínimo para modificar o suspender los pagos, en casos de propietarios que han perdido sus trabajos, es de cuatro meses, lo que ahora se modifica por un período de un año.

El tiempo máximo hasta donde se podrá extender la flexibilidad en préstamos dependerá del tipo de hipoteca y lo que se ha pactado con los prestatarios. El secretario de HUD, Shaun Donovan, explicó que en situaciones donde la persona está pagando la mitad de su hipoteca mensual, con los 12 meses adicionales, podría llegar a un período de flexibilidad de hasta dos años.

"Esto no se trata solo de individuos con préstamos recientes. Gente que ha suspendido sus pagos por tres o cuatro meses e incluso un año tienen que saber que ahora pueden extender esto", dijo Donovan.

Los individuos que reciben este tipo de asistencia —donde se suspenden los pagos principales e intereses temporalmente—, tienen la obligación de pagar el monto adeudado, cuando termina el período pactado.

El gobierno también le pedirá a las instituciones de préstamos que participan en el Programa de Vivienda Asequible (HAMP) que agilicen modificaciones en sus préstamos, para que se extiendan los períodos de suspensión de pagos de tres meses a un año, cuando sea posible.

De acuerdo con HUD, FHA representa un cuarto de los préstamos nuevos a nivel nacional. Mensualmente, 3,500 familias tienen problemas por falta de pago como resultado del desempleo. En 2010, cerca de 17 mil propietarios recibieron algún tipo de flexibilidad o suspensión en sus obligaciones.

"Esta es una muy buena noticia. Nosotros hemos insistido mucho en que los tres meses no eran suficientes. El tiempo se pasa rápido y para la comunidad hispana era muy necesario. El problema es que los préstamos asegurados por Fannie Mae y Freddie Mac no están obligados a hacer esto. El próximo paso es que lo hagan, eso tendría mucho mayor impacto", explicó Graciela Aponte, analista del Consejo Nacional de la Raza (NCLR).

Precisamente, los gigantes hipotecarios "Fannie y Freddie", como se les conoce popularmente, fueron rescatados por el gobierno en 2008.

Consultado respecto a si los mismos beneficios aplicados a los préstamos respaldados por FHA se ejecutarán a los administrados por Fannie y Freddie, Donovan aseguró que esa decisión no está en manos de su agencia.

"Esa no es una determinación que el gobierno pueda hacer, depende de un regulador independiente. Esperamos que el anuncio de hoy [ayer] ponga un nuevo estándar para el mercado en general", enfatizó.

"Creemos que esto empujará a la industria hipotecaria para extender asistencia más robusta a los propietarios desempleados", agregó.

Una encuesta realizada a asesores en prevención para ejecución de viviendas por el NCLR en 2010 resaltó que uno de los principales problemas para que los hispanos conserven sus casas es el desempleo; y otro, los "servicios mediocres" en el procesamiento de los pagos de la hipoteca.

"Aproximadamente cinco de cada seis asesores consideraron la trayectoria de prevención de ejecuciones hipotecarias de los proveedores de servicios como regular o mediocre", especificó el documento.

Es un problema que se ha traducido en un litigio con instituciones como Bank of America y JPMorgan Chase &Co, Citigroup Inc., Wells Fargo & Co. y Ally Financial Inc. Se espera que durante las próximas semanas se llegue a un acuerdo en esta área, debido a los diversos reclamos a nivel federal y estatal, producto de ejecuciones hipotecarias irresponsables.