6 de julio de 2011
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Nuevo mazazo de las agencias de calificación estadounidenses. Moody's rebajó anoche cuatro escalones de golpe, hasta territorio basura, la nota de solvencia de Portugal: la deuda lusa está aún lejos del impago, pero ya por debajo del grado de inversión, lo que supone una probabilidad de suspender pagos cada vez más elevada. Se trata del segundo país, tras Grecia, que alcanza ese peligroso nivel. La agencia asegura que existe un enorme riesgo de que el país necesite una segunda ronda de ayudas de la UE y del FMI antes de que pueda retornar a los mercados para financiarse, tal y como le sucede a Grecia. El euro profundizó su caída tras esa noticia, hasta los 1,44 dólares. La firma cree que el país vecino también necesitará un segundo rescate Sus analistas temen que se exija a la banca participar en el nuevo plan luso Además, "existe una probabilidad cada vez mayor de que se exija la participación de los acreedores del sector privado" en ese segundo rescate, según Moody's. Es decir, es probable que la banca pague parte de la factura, de nuevo como en Grecia. Moody's duda de que el nuevo Gobierno portugués sea capaz de alcanzar los objetivos de reducción del déficit y de estabilización de la deuda acordados con Bruselas, ante una economía que languidece y cuya salida de la crisis se complica por la puesta en marcha de las medidas de austeridad necesarias para cerrar el agujero fiscal. Pero eso no es todo. Moody's deja a Portugal en el nivel Ba2 -dos escalones dentro del territorio del bono basura-, pero además con perspectiva negativa, lo que supone amenazar con nuevas rebajas. Las otras dos grandes agencias -Fitch y S&P- han ido recortando durante los últimos meses la nota crediticia de Portugal hasta el borde del bono basura, pero aún en el grado de inversión. El caso portugués es similar al del resto de los países con problemas: por un lado, la crisis fiscal les obliga a poner en marcha duras medidas de austeridad; a su vez, los recortes complican la recuperación de la economía, en un círculo vicioso difícil de romper. La decisión de Moody's llegó en el día elegido por el Gobierno portugués para enterrar los derechos especiales de veto conocidos como acción de oro, que el Estado mantenía en las empresas privatizadas Portugal Telecom (PT), Galp Energia y Energias de Portugal (EDP). "La eliminación de estos derechos tenía que ocurrir porque son incompatibles con la libre competencia", señaló el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, al término de un Consejo de Ministros extraordinario convocado por el primer ministro, Pedro Passos Coelho. El decreto ley aprobado por el Gobierno de centro-derecha "elimina cualquier discriminación entre las acciones en poder del Estado y las que detentan otros accionistas", añadió Gaspar, sin precisar si el Ejecutivo pretende vender dichas acciones. Tampoco está claro si serán eliminados los derechos que la Caixa Geral de Depósitos (primer banco público) tiene en la petrolera Galp. El fin de la acción de oro no hace sino cumplir las decisiones en este sentido del Tribunal Europeo de Justicia, y forma parte de las condiciones del programa de austeridad firmado por Portugal con la UE y el FMI, a cambio del rescate financiero de 78.000 millones de euros. El Estado no tendrá ninguna compensación directa por renunciar a esos derechos especiales. La última vez que el Gobierno hizo uso de la acción de oro fue hace un año, cuando el entonces primer ministro, el socialista José Sócrates, vetó en nombre del "interés general" la operación de venta por parte de PT de la operadora de telefonía móvil brasileña Vivo a Telefónica. El veto fue momentáneo y, en la práctica, sirvió para subir el precio hasta 7.500 millones de euros, cantidad que acabó desembolsando la empresa española.
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