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  Por el libro
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27 de junio de 2011

El Nuevo Herald

La Dra. Shalini Ramachadran conducía a casa después de una fiesta el Día de la Recordación cuando su vehículo se averió en la I-95 cerca del centro de Miami a eso de las 10 de la noche. Llamó a la AAA para que le remolcaran el carro y pensó que sería gratis. Veinte minutos después se apareció la grúa.

Mientras el camión preparaba el carro para llevarla a su casa, sonó el teléfono. "¿Dónde está usted?", le preguntó el representante de la AAA. "Estamos aquí en la I-95 y no vemos su carro".

Así fue como un remolque "gratis" se convirtió en una cuenta de $445.

La experiencia de Ramachadran no es único. Los llamados grueros piratas acechan las calles del sur de la Florida en busca de gente con carros averiados. En algunos casos, si el chofer ha llamado a la AAA, pretenden ser enviados por la organización.

O dicen: "Tenemos que mover el camión, la policía no lo quiere aquí". Eso fue lo que le pasó a un jardinero de The Tree Team después que se le ponchó un neumático en la I-95 el 2 de febrero. A pesar de que la empresa no quería que movieran el vehículo, el gruero llevó el vehículo hasta un Pep Boys y le exigió $705, en efectivo, o se llevaba el vehículo.

Como nadie lleva esa cantidad de efectivo a la mano, se llevaron la camioneta. Al día siguiente, cuando la empresa fue a buscar el vehículo, la cuenta había aumentado a $950.

Otro gruero le dijo a Gavriel Dardashti, de 19 años, que era un Road Ranger, los equipos de rescatistas oficiales que recorren las carreteras para ayudar a choferes sin cobrar un centavo. La cuenta por remolcar su carro fue $200.

Otro gruero le cobró $150 a Jonathan Toro por la gasolina consumida mientras sacaba su carro de la carretera, una distancia de unas 30 millas.

Algunas veces, el gruero reconoce que no es de la AAA, pero insiste en que la entidad le reembolsará el dinero al cliente. Pero no es así. Si usted llama a la AAA debe esperar que llegue la grúa de la AAA.

En prácticamente todos los casos sospechosos, el camionero presenta una hoja de papel que el cliente debe firmar antes de remolcar el vehículo. Algunas veces los clientes dicen que la planilla está en blanco, otras que el precio está oculto debajo en otra hoja o el gruero lo tapa con un dedo. Así las cosas, los choferes están desesperados por salir de una situación incómoda y no leen la letra pequeña ni hacen muchas preguntas.

Una vez que firman el recibo, están atrapados.

"Son aves de rapiña", dijo la Dra. Ramachadran, pediatra del Hospital Jackson Memorial. "Se dedican a recorrer las carreteras en busca de víctimas".

Persistent Towing es la empresa que llevó a Ramachadran y a su Honda Civic a su apartamento, y entonces les exigió $390 en efectivo. Como no los tenía, y no aceptaba tarjetas de crédito, se llevó el carro, dijo.

"Esos grueros tratan de amedrentar a los choferes para que acepten que les remolquen el carro", dijo Paul Alberga, gerente regional de servicios a automóviles de la AAA. Les dicen cosas como: "Esta es una zona peligrosa, tenemos que salir de aquí rápido", que fue precisamente lo que le dijo a Ramachadran.

En una entrevista telefónica, Yoel Alfonso, presidente de Persistent Towing, dijo que sus empleados tienen prohibido ofrecer sus servicios a choferes varados en la carretera o hacerse pasar por empleados de la AAA, con la que Persistent no tiene afiliación.

"Estoy dispuesto a despedir en el acto a cualquier gruero que haga eso", dijo Alfonso, y agregó: "Tengo planeado sentarme con los grueros acusados y llegar al fondo de este problema para encontrarle una solución apropiada".

Pero Persistent Towing y otra compañía que fue propiedad de Alfonso, South Bay Wreckers, han participado en incidentes similares, lo que ha resultado en 12 denuncias en los últimos 12 meses al Departamento de Servicios al Consumidor de Miami-Dade. Alfonso también ha operado Legacy Towing and Recovery, Signature Auto Transport y Stealth Towing.

En carta con fecha del 14 de junio, el Departamento mencionó las 12 denuncias e informó que eso demuestra que Persistent y South Bay habían "informado indebidamente sobre sus servicios y precios". Cada infracción pudiera resultar en una multa por un máximo de $10,000, advirtió la carta, que indicó que la investigación pudiera concluir si Alfonso acepta, por escrito, no infringir más las normas, devolver el dinero a los choferes y pagar penalidad y costos no especificados.