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| Por el libro |
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24 de junio de 2011
Primera Hora
El presidente la Asociación de Empleados Gerenciales y Supervisores de la Autoridad de Carreteras, José A. Colón Cruz, denunció hoy el contrato que cede la operación de las autopistas PR-22 y PR-5 a un consorcio privado y afirmó que el mismo resultará en un alza sustancial en las tarifas de peaje, una reducción de empleados y en mayor riesgo financiero para la corporación pública. "Este proceso, que ha llevado a cabo la actual administración, se ha hecho en cuartos oscuros sin la participación de los empleados de la agencia afectada. Esta privatización, lejos de crear los empleos prometidos, reducirá el número de empleados que trabajarán en la operación de estas autopistas poniendo incluso en riesgo el trabajo de los actuales empleados de la agencia, al ser el primer paso para la privatización del sistema de autopistas del país", indicó Colón. Sostuvo que una evaluación del proyecto de contrato que realizó la Asociación concluye que el consorcio Goldman Sachs/Abertis Infraestructuras, "obtendrá ganancias exorbitantes a razón de un 66 por ciento de rendimiento". Aseguró que "la concesión otorgada es un regalo al consorcio privatizador que sólo invertirá inicialmente $1,080 millones y tendrá ingresos que superan los cinco mil millones de dólares durante la vigencia del contrato". El asesor de la Asociación, Jesús R. Morales Cordero, agregó que "es importante enfatizar que con el consentimiento del gobierno, la firma privatizadora aumentará el costo de los peajes, no menos de 5 por ciento anual con efectividad de septiembre de 2011, aunque no se hará de inmediato ya que se aplicará retroactivamente el 1 de enero de 2014. Si se sigue ese patrón de aumentos al cabo de los 10 años el costo de utilizar la autopista De Diego se acercará a los 6 dólares", afirmó.
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