11 de mayo de 2011
El Nuevo Dia
Mientras miles de personas han acudido a la Administración para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) con la esperanza de salvar sus propiedades, la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) no pudo precisar si el número de hipotecas para ejecución en la Isla ha llegado a un tope o si el número de familias en riesgo de perder su hogar, y que se encuentra en niveles históricos, aumentará. A menos de una semana del lanzamiento de la iniciativa "Protege tu Hogar", unas 2,900 personas han acudido a la AFV con la expectativa de participar de este. El programa otorgaría hasta $20,000 o 18 meses de ayuda a quienes han dejado de pagar sus hipotecas por desempleo o enfermedad. Mientras miles aguardan por la ayuda gubernamental, que comenzará a pagarse en julio próximo, la ABPR señaló que hace todo lo posible para lidiar con los casos de ejecuciones de hipotecas y que el número de consumidores que experimentan "un final feliz" es mayor de lo que se cree, dijeron a El Nuevo Día, Mariemi Sierra, Wanda Sánchez y Arturo Carrión, vicepresidente ejecutivo de la ABPR. "Es impredecible", dijo Carrión cuando este diario le cuestionó acerca de la tendencia en el número de casos referidos para ejecución por parte de las entidades bancarias. Sierra, gerente de Servicios de Crédito al Consumidor para Banco Popular, explicó que, en menos de dos años, la institución ha ido de atender un centenar de casos de mitigación de pérdidas al año para superar más de 8,000 al cierre del 2010. Según Sánchez, vicepresidente jefe de Suscripción ("Underwriting") para Oriental Financial Group, el problema de las ejecuciones se agrava porque articular un plan de mitigación depende de la situación que encara cada consumidor y de las políticas de los inversionistas. "Hoy, todas las familias están pasando por una crisis", indicó Sánchez al indicar que el sector continúa intensificando sus esfuerzos para evitar que sus clientes pierdan sus hogares. "Puerto Rico se ha deteriorado mucho", agregó Carrión. Indicó que la pérdida de ingresos -sea por reducción de estos o despido- ha sido la razón principal para que unos 35,332 consumidores dejaran de pagar sus hipotecas hasta el 2010. "Estamos viendo un efecto dominó", explicó Carrión al señalar que la pérdida de puestos de trabajo en la manufactura, donde se encontraban los mejores salarios en la Isla, ha dado al traste con los préstamos otorgados en buena lid. No obstante, señalaron que en buena parte de los casos, cuando se analizan las finanzas y el presupuesto de los consumidores, hay espacio para hacer ajustes en el pago de otras obligaciones y cumplir con la hipoteca, que representa la deuda más importante. No estaban preparados Sierra y Sánchez son dos de sobre 700 oficiales bancarios que trabajan con consumidores que encaran la ejecución de sus hipotecas, un proceso para el que reconocen no estaban preparados en principio. A preguntas de este diario en torno a la negativa de los bancos de otorgar ayuda hasta que se produce el impago por 90 días o a la postura de no aceptar pagos parciales de parte de consumidores, Sierra reconoció que anteriormente no se aceptaban pagos parciales y que las personas no recibían ayuda hasta que estar en incumplimiento craso. Pero todo eso ha cambiado, ya que el sector bancario ha tenido que pasar por "un proceso de aprendizaje", de la misma forma en que la crisis inmobiliaria ha supuesto múltiples escollos a las instituciones bancarias a nivel continental. "Puerto Rico no había vivido esto antes", sostuvo Sierra al señalar que la banca ha tenido que rediseñar el proceso de cobro para incluir los servicios de mitigación de pérdidas desde el mismo momento en que el consumidor falla en el primer ciclo de pago. Asimismo, ante las preguntas de El Nuevo Día en torno a irregularidades en el proceso de ejecuciones de hipotecas por parte de los bancos cuando estos no son titulares de estas, Sánchez explicó que no pueden hacerse generalizaciones, ya que los contratos de administración de hipotecas entre los bancos y los dueños de estas (como Fannie Mae y Freddie Mac, por ejemplo) confieren la autoridad legal a la institución bancaria para cobrar el préstamo hasta sus últimas consecuencias. "Hay que ver lo que dice cada contrato". énfasis en proteger el hogar Según Sánchez, el mayor reto que ha experimentado el sector consiste en implementar de manera rápida los planes de mitigación, debido a que el proceso está influenciado por múltiples variables, desde las razones por las cuales se produce el impago hasta las normas que establece el inversionista dueño de la hipoteca. Pero indicó que, en la actualidad, los casos pueden gestionarse hasta en 45 días. En el 2008, los casos podían tardar meses en resolverse. De igual forma, comentaron que ahora, la primera alternativa que ofrecen es refinanciar la deuda y, si esto no es posible, se buscan alternativas adicionales como modificar los pagos o condonar ciertos cargos. Incluso, cuando existen deudas con el Departamento de Hacienda u otros bancos, la ABPR ha logrado que el Gobierno y los bancos acepten subordinar su nivel de preferencia en el proceso de cobro, de forma tal que pueda concretarse el plan de mitigación. Datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, y según reseñó este diario hace unas semanas, en el 2010, apenas dos de cada diez consumidores, cualificaron para los programas de mitigación de pérdidas. No obstante, si a esa cifra se agregan los préstamos saldos por refinanciamiento, el número de consumidores que ha salvado sus propiedades aumentaría a cuatro de cada diez, subrayaron los entrevistados. "Hay unas reglas predeterminadas por el inversionista. Hay que ver que sea meritorio y ver el impacto de esa modificación en los demás activos de los bancos", explicó Sánchez al reconocer que desde principios de año los reguladores se han vuelto más exigentes. Otro problema, dijeron los entrevistados, es que algunos consumidores inician el proceso de mitigación, mas no completan el proceso o presentan documentación incompleta. A veces, se logra gestionar el caso y, luego, no aparecen para firmar el acuerdo. Según los entrevistados, en la actualidad, el porciento de éxito en los casos que se tramitan supera el 70%. Pero también reconocieron que la pérdida de ingresos que se ha dado en la Isla ha sido tan fuerte que habrá un número de consumidores que no podrán preservar sus hogares.
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