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| Por el libro |
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9 de mayo de 2011
Servicios Combinados
El Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos --conocido por sus siglas en inglés como FSIS— del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en coordinación con la oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, anunció la acusación contra un comerciante puertorriqueño por violar los estatutos de la ley federal de Inspección de carnes y aves. De conformidad con la información suministrada desde la capital federal por Richard J. McIntire de FSIS, un gran jurado emitió en Puerto Rico la acusación correspondiente contra Filiberto Berrios, de Guaynabo, en cuatro cargos de adulteración, transporte, distribución y venta de carne y productos avícolas adulterados, y emitió una orden de arresto contra Berrios. Los investigadores de FSIS, junto con personal adscrito a los alguaciles federales, diligenciaron la orden y el subsecuente arresto de Berríos en su negocio de Bayamón. Los investigadores del FSIS detectaron la situación mientras realizaban sus inspecciones regulares en facilidades refrigeradas en la Isla. Los cargos federales que se le adjudican a Berríos datan desde cerca del 25 de junio del 2009, cuando el acusado adquirió y transportó aproximadamente 45,582 libras de carnes y aves mal etiquetadas y dañadas. Berrios adquirió dicha carne a cerca de 10 centavos por libra. Luego la transportaba en una camioneta abierta a un solar baldío en Bayamón, todo sin tener adiestramiento, certificaciones sanitarias requeridas para estos procesos. Por supuesto, tampoco contaba con las inspecciones federales. Una vez en el lugar, dividía las carnes y aves, las volvía a empacar para mejorar su apariencia. Realizado este proceso ilegal y antihigiénico de manejo comercial de carnes, Berríos transportaba los productos a un almacén de alimentos en San Juan, dónde los vendía a restaurantes, tiendas, procesadores y vendedores ambulantes. Las carnes confiscadas estuvieron sometidas a un riguroso análisis de laboratorio y los hallazgos de los estudios confirmaron que no estaban aptas para consumo humano, por lo que luego se decomisaron. El Departamento de Salud de Puerto Rico colaboró con las agencias federales en el embargo de los productos adulterados. En estos momentos se desconoce si ha ocurrido alguna enfermedad entre quienes consumieron dichos productos. Al presente, Filiberto Berrios está libre bajo fianza pero se enfrenta, de ser convicto por estos cargos, a pena de cárcel y/o pago de multas. Estas acciones van contra la industria local de carnes, los productores que se rigen por las normati-vas establecidas y contra los consumidores que corren el riesgo de contraer enfermedades, además de que están pagando por un producto que confían que es de calidad. Ciertamente, el panorama encontrado por las autoridades va contra el mejor interés de los agricultores serios de Puerto Rico. El Servicio de Extensión Agrícola recomienda a los consumidores que antes de adquirir los produc-tos en los comercios o supermercados, cotejen bien las etiquetas y verifiquen el estado de las carnes, aves y mariscos. De igual modo, verifiquen las fechas y procedencias de los productos. *Comunicado de Prensa por: Profa. Amanda Díaz de Hoyo Especialista en Prensa Medios Educativos e Información Servicio de Extensión Agrícola
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