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  Por el libro
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6 de abril de 2011

La Opinion

WASHINGTON, D.C.— Parece una meta difícil, y se acaba el tiempo. El próximo viernes 8 de abril es la fecha límite —hasta ahora—, para que el Congreso llegue a un acuerdo sobre el presupuesto fiscal 2011. Si no se logran resultados, el gobierno dejará de funcionar.

Aunque muchos tenían fe, la reunión celebrada ayer entre el presidente Barack Obama y los principales líderes demócratas y republicanos no arrojó humo blanco. Esto, a pesar de que ya se han dado dos extensiones temporales para resolver el problema.

El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner (R-OH), había empujado una tercera extensión de una semana, mientras se trabajaba en un nuevo trato; sin embargo, el mandatario se negó a esa posibilidad.

"No existe razón para que no lleguemos a un acuerdo sobre esto. No puedo permitir que las agencias estén funcionando con más extensiones. Llegamos a un punto en que no existe ninguna excusa para seguir dilatando esto", dijo el presidente.

"No vamos a permitir que el Senado o la Casa Blanca nos encajone donde tengamos que elegir entre dos malas opciones: hacer un mal trato o permitir el cierre del gobierno", aseguró Boehner.

Hasta el cierre de esta edición, las discusiones seguían en pie. El líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid (D-NV), aseguró que se reuniría con Boehner nuevamente, pero que no estaba optimista respecto a los resultados.

En el Senado, en tanto, 21 legisladores encabezados por Bárbara Boxer (D-VA) enviaron una carta pidiendo una reunión con Boehner para discutir la aprobación inmediata del proyecto de ley S388, aprobado por la Cámara Alta el mes pasado.

En él se prevendría que los miembros del Congreso y el presidente reciban sus sueldos durante una paralización fiscal.

En caso de que efectivamente el gobierno deje de funcionar, existen servicios que sufrirán retrasos inmediatos, de acuerdo con lo detallado en el reporte del Servicio de Investigación del Congreso (CRS).

La última vez en que se registró este problema fue en 1996, donde hubo una paralización por 21 días. Con base en experiencias pasadas, CRS determinó en su informe que servicios como "la vigilancia en la prevención de enfermedades del CDC y las llamadas de emergencia relacionadas con brotes de salud de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), fueron suspendidos".

El documento detalló el cierre de 368 parques nacionales y la suspensión en el procesamiento de cerca de 200 mil pasaportes y alrededor de 30 mil visas.

"Programas que están financiados por ley pueden o no ser afectados por la ausencia de financiamiento", especificó el reporte al describir áreas como el Seguro Social.

Particularmente en este período del año, las consecuencias no llegan solo hasta aquí. Cuando faltan 12 días para que se acabe el plazo para completar las declaraciones de impuestos, una paralización del gobierno podría implicar retrasos en los reembolsos tributarios.

Desde que la Casa Blanca y el Congreso lograron un compromiso en esta área a finales del año pasado, la espera para obtener las devoluciones generó expectativas. No es para menos, de acuerdo con las estimaciones de la Administración, 159 millones de estadounidenses estarán recibiendo beneficios adicionales.

Entre ellos están los que corresponden a recortes de planilla por cerca de 110 mil millones de dólares, lo que aumentará en 1,000 dólares los reembolsos de una familia con ingresos de 50,000 dólares anuales.

Asimismo, se logró la extensión de recortes tributarios creados en la Ley de Recuperación Económica. Entre ellos está el crédito para estudiantes universitarios y la expansión de los beneficios por hijos.

Según lo reportado por el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) hasta el 4 de marzo, se habían emitido solamente 52 millones de reembolsos por un total de 161 mil millones de dólares, arrojando un promedio de 3,070 dólares.

En una paralización seguirán funcionando solamente servicios que se consideran esenciales. El comisionado del IRS, Douglas Shulmantold, declaró ante el Congreso que no se ha llegado a ninguna decisión respecto a si los reembolsos se considerarán con base en esta categoría.