1 de abril de 2011
El Nuevo Dia
A simple vista parecía un aumento en las penas por las apropiaciones ilegales en las fincas agrícolas. Y así el gobernador Luis Fortuño lo anunció frente decenas de agricultores, la mayoría preocupados por el aumento que se ha registrado en los hurtos en esta industria. De hecho, el gobernador afirmó que se trataba de enmiendas que, por su rigurosidad, tendrán el efecto de disuadir estos crímenes. "Esto es un delito que no se está tomando en serio pero ahora va a tener el efecto disuasivo de la pena", dijo Fortuño al sostener que las enmiendas obligaban a los jueces a imponer sentencias más rigurosas. Una de las enmiendas podría tener ese efecto. Esta pone como delito grave la entrada de extraños sin autorización a estas fincas. Actualmente es un delito es menos grave y conlleva una pena de multa o reclusión por 90 días. La otra enmienda es el establecimiento como un agravante cuando las apropiaciones ilegales ocurren dentro de una finca. Esto implicaría que las penas, en tercer grado fluctuarían entre cinco y ocho años de cárcel, y para cuarto grado entre 1.5 y 3 años. Pero esto es sólo si no existen atenuantes. Según el criminólogo José Raúl Cepeda, estas enmiendas no tendrán ningún efecto práctico en combatir el crimen ya que, aún cuando de ahora en adelante las convicciones conlleven penas más severas, las posibles sentencias nunca son un disuasivo para los criminales. "Históricamente el uso de la pena como disuasivo nunca ha funcionado. La evidencia científica en realidad lo que sugiere es lo contrario, aumentan los crímenes", dijo Cepeda El también criminólogo Gary Gutiérrez indicó que cuando las leyes son más represivas, esto tiene un efecto de marginación de los sectores sociales y esto, a su vez, crea una actitud entre los marginados de desafío. Además, con un esclarecimiento de casos de 46% como el que se registró en el 2010 sería muy poco el impacto que tendría esto en los ladrones. Fortuño aseguró que con la Ley su administración le dará más énfasis a los casos de robo de productos y maquinaria agrícola. Según Fortuño, los hurtos en las fincas agrícolas causan anualmente pérdidas estimadas en alrededor de $20 millones. En promedio, una finca gasta alrededor de $40,000 anuales en servicios de seguridad, precisamente en un intento por detener los hurtos.
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