31 de marzo de 2011
El Nuevo Herald
HARTFORD, Connecticut, EE.UU. -- Las repercusiones del mayor juicio federal por un delito de cuello blanco en Connecticut llegaron hasta Venezuela, debido a que cientos de millones de dólares de un fondo de pensión de la empresa petrolera estatal de ese país fueron invertidos con el financista procesado en el caso. Los fiscales estadounidenses acusan a Francisco Illarramendi, un venezolano-estadounidense, de usar fondos de riesgo no registrados en Stamford, Connecticut, para encubrir un gigantesco fraude piramidal con únicamente clientes de fuera de Estados Unidos. El gobierno venezolano está tomando medidas para recuperar lo que pueda de un fondo de pensiones para empleados de Petróleos de Venezuela, PDVSA, que contribuyó con alrededor del 90% de la inversión total. El ministro petrolero venezolano, Rafael Ramírez, dijo que el gobierno envía abogados para que participen en el proceso en Estados Unidos. "Nuestra principal actividad tiene que ver con rescatar esos fondos de lo que está ahí y respaldar a nuestros trabajadores", dijo Ramírez en una entrevista televisiva el fin de semana. Afirmó que la compañía petrolera compensaría cualquier pérdida en el fondo de pensiones. Las autoridades no han calculado la magnitud del fraude, pero la Comisión Federal de Valores y Cambio de Estados Unidos, que presentó la demanda, indicó que la brecha entre pasivos y activos del fondo podría sumar cientos de millones de dólares. La comisión dijo que, durante su investigación, Illarramendi suministró una carta falsa de un contable en Venezuela en un intento por autenticar 275 millones de dólares en activos que no existían. El abogado asignado para desentrañar el fraude sigue revisando el monto de las pérdidas. El síndico designado por el tribunal dijo la semana pasada, en una solicitud de asistencia, que necesita revisar 350.000 páginas de documentos de las computadoras de la empresa matriz del acusado, el Grupo Michael Kenwood, y 86 cajas de archivos. "Estamos concentrados en recuperar y salvaguardar todos los activos disponibles en beneficio de las partes interesadas", expresó el síndico, John Carney, del despacho legal Baker & Hostetler, en Nueva York. Carney declinó ofrecer más declaraciones. Illarramendi, de 42 años y con residencia en New Canaan, Connecticut, enfrenta hasta 70 años de cárcel después de declararse culpable el 7 de marzo de varios cargos penales de fraude y asociación ilícita para obstruir la justicia. La fiscalía dijo que el indiciado transfirió dinero entre cuentas de inversiones sin avisar a los clientes y que falsificó documentos para engañar a los inversionistas, los acreedores y la comisión de valores. El acusado recibió la orden de permanecer en arresto domiciliario. Por ahora no se ha fijado fecha para la sentencia. Su abogado, John Gleason, afirmó que no podía pronunciarse sobre el asunto, en tanto Illarramendi no ha respondido a mensajes. En un estado con una de las concentraciones más altas del mundo en gerentes de fondos de riesgo, el fiscal federal en Connecticut, David Fein, dijo que el caso representa el mayor juicio por un delito de cuello blanco que haya llegado a sus manos. El ministro venezolano del petróleo dijo también que el gobierno contrató en un momento a Illarramendi como asesor, pero que la relación se terminó en el 2004. "Es un tipo que no tiene ninguna relación con PDVSA", aseguró Ramírez en la entrevista con el canal Televen de Venezuela. Jerome Fortinsky y Lindi Beaudreault, abogados del fondo de pensiones de PDVSA en Nueva York, se abstuvieron de hacer declaraciones sobre el caso. Un analista financiero en Caracas, Russ Dallen, dijo que pese a la enorme suma implicada, se han silenciado las secuelas por las posibles pérdidas de los trabajadores petroleros. "Es una cantidad increíble de dinero", señaló Dallen, director en Caracas de mercados de capital en el banco de inversiones BBO en Venezuela. "Es sorprendente que nadie en el gobierno venezolano esté hablando de eso".
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