23 de febrero de 2011

El Nuevo Herald

wASHINGTON -- Las personas afectadas por vacunas que según ellas fueron diseñadas de manera defectuosa, sólo pueden valerse de un sistema de compensaciones creado por una ley de 1986 y no pueden demandar a los frabricantes, dictaminó la Corte Suprema el martes.

La votación fue de 6 a 2. La magistrada Elena Kagan se declaró no calificada para votar debido a su trabajo en el caso como fiscal general federal.

El magistrado Antonin Scalia, representando a la mayoría, dijo que el Congreso se había propuesta establecer un pacto social con la ley de 1986.

"Los fabricantes de vacunas costean con sus ventas un programa no oficial y eficiente de compensaciones para los daños causados por vacunas', escribió. "A cambio, evitan los costosos litigios por responsabilidades civiles y el veredicto ocasionalmente desproporcionado del jurado'.

En un vigoroso disentimiento, la magistrada Sonia Sotomayor acusó a la mayoría de la corte de imponer "su propia preferencia política sobre el ponderado juicio del Congreso', despojando a "los niños dañados por vacunas de un remedio clave que el Congreso se propuso que tuvieran'.

La cuestión en el caso era si el sistema de compensación creado por la ley de 1986 desplazó, o impidió, las demandas ordinarias por daños presentadas bajo la ley estatal. La Corte Suprema, presidida por John Roberts, ha estado escuchando muchos casos de sobreseimiento bajo otras leyes, y durante este término se esperan decisiones sobre casos concernientes a inmigración, arbitraje y cinturones de seguridad.

El caso llevado a la corte fue presentado por los padres de Hannah Bruesewitz, que recibió una vacuna conocida como DTP cuando era niña, en 1992. La vacuna ofrece protección contra la difteria, el tétano y la tos ferina. Hanna sufrió convulsiones, y desde entonces ha padecido de problemas del desarrollo y de convulsiones.

Los padres de Bruesewitz presentaron una petición bajo el programa de compensaciones creado por la ley de 1986. Y perdieron, sobre la base de que no habían probado que la vacuna causó las lesiones de su hija. Entonces presentaron una demanda en un tribunal estatal de Pennsylvania. El caso fue transferido a los tribunales federales, que habían dictaminado que sus reclamaciones están sobreseídas por la ley de 1986.

El caso dependía de la interpretación correcta de una disposición de la ley que prohíbe las demandas ordinarias "si la lesión o la muerte resultaron de efectos colaterales que eran inevitables, incluso aunque la vacuna hubiera sido correctmente preparada y estuviera acompañada de instrucciones y advertencias correctas'.

Scalia reconoció que "el Congreso pudo haber prevenido de manera más precisa y clara las reclamaciones por defectos en el diseño' [de las vacunas]. Pero dijo que el significado del pasaje no estaba en duda.

"Si un fabricante pudiera haber sido considerado responsable por dejar de usar un diseño diferente', escribió Scalia, ‘‘la palabra ‘inevitable' no funcionaría'.

El presidente de la Corte --John Roberts-- y los magistrados Anthony Kennedy, Clarence Thomas, Stephen Breyer y Samuel Alito se sumaron a la opinión de la mayoría.

La historia de la redacción y el propósito de la ley, las opiniones de una agencia federal y la ‘‘opinión médica experta', apoyaron la conclusión de la mayoría, escribió Breyer.

Permitir que un jurado tome decisiones sobre el diseño de las vacunas, dijo, "sustituiría el juicio más experto por el juicio menos experto'.

Sotomayor, a la cual se unió la magistrada Ruth Bader Ginsburg, dijo que la opinión de la mayoría ‘‘altera el cuidadoso equilibrio logrado por el Congreso entre la compensación a los niños dañados por vacunas y la estabilización del mercado de las vacunes para niños'.