7 de julio de 2009

El Nuevo Dia

"Si no existe la tentación, no existe el pecado". Con estas palabras el presidente y fundador del crematorio Celestium, Carlos Rodríguez Pardo, justificó la propuesta de que se permita la renta o alquiler de ataúdes en el País.

Su sugerencia surgió a raíz de una medida legislativa, la Resolución de la Cámara 510, que investiga los servicios funerarios en la Isla.

La Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes investiga tanto los gastos de la compra y mantenimiento de lotes en cementerios, como la reventa de ataúdes utilizados para velar difuntos que luego son cremados.

"Tal práctica, de ser cierta, constituye un acción contra la moral, la ética y los valores religiosos y familiares tradicionales de Puerto Rico. Además, es una violación a disposiciones legales y reglamentarias vigentes", reza la medida legislativa, de la autoría del representante Jorge Navarro Suárez, en su exposición de motivos.

Tanto el Código de Salud Ambiental de Puerto Rico como la Federal Trade Comission establecen que todo ataúd que es utilizado debe ser desechado, si el cadáver luego es cremado, para evitar la proliferación de bacterias y otras enfermedades. En Puerto Rico no existe un registro de féretros.

‘Audiencia’ accidentada

Una serie de accidentes evitó que ayer se llevara a cabo la vista pública de esta medida. A la vista estaban citados el secretario de Justicia, Antonio Sagardía; la doctora Iris Casiano Rivera, presidenta de la Junta de Embalsamadores; el embalsamador Jesús Ramírez Salgado y Rodríguez Pardo.

Según informó Navarro Suárez, de camino a la vista Ramírez Salgado tuvo un accidente vehicular en el cual impactó a un peatón, por lo cual fue excusado. Mientras, Rodríguez Pardo envió un certificado médico que explica que, tras una intervención quirúrgica, se le ordena reposo del 29 de junio al 29 de julio, por lo también fue excusado.

A través de una carta que envió a la Comisión de Asuntos del Consumidor en la mañana de ayer, Sagardía también se excusó. El funcionario alegó que está imposibilitado de emitir comentarios sobre este particular ya que la agencia se encuentra inmersa en la investigación de esta situación.

Hace tres meses, en marzo, Rodríguez Pardo le cursó una carta a Sagardía solicitando que investigue la alegada reventa de ataúdes que ha abierto una caja de Pandora dentro del gremio funerario del País.

Sagardía le ordenó al fiscal Obdulio Meléndez que preparara un informe sobre esta denuncia. El asunto también es investigado por el Departamento de Asuntos del Consumidor.

Casiano Rivera, mientras tanto, envió una ponencia escrita pero no se presentó a la vista.

Registro de féretros

Según indica Rodríguez Pardo en su ponencia, el Reglamento General de Salud Ambiental del Departamento de Salud especifica que es el crematorio, no la funeraria, el responsable de la destrucción de los ataúdes en los casos de cremación.

"No necesariamente tienen que ser incinerados con el cuerpo ya que con esto se agregarían emisiones nocivas como las de cadmio, plomo y azufre que violaría los reglamentos de la Junta de Calidad Ambiental y el Reglamento de Salud Ambiental", dijo el presidente y fundador de Celestium.

Además de sugerir el alquiler de los ataúdes, Rodríguez Pardo favoreció el que se lleve un registro de los ataúdes recibidos, con su número de serie y descripción e información de las condiciones en las que llegó el cuerpo a ser quemado.

Por su parte, a través de unos breves comentarios, la doctora Casiano Rivera favoreció la investigación cameral y recalcó que la reutilización de ataúdes es una práctica ilegal.