14 de mayo de 2009
El Vocero
SAN JUAN - El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tiene ante su consideración más de 100 querellas relacionadas a autos Chrysler, las cuales tienen un futuro incierto tras la quiebra de la empresa estadounidense.
El secretario del DACO, Luis Rivera Marín, dijo el miércoles a Prensa Asociada que aunque Chrysler se haya ido a la quiebra luchará por que los consumidores puedan recibir algún tipo de compensación.
Chrysler Internacional Services, S. A. (CISSA) se acogió voluntariamente a la Ley de Quiebras el 30 de abril y solicitó al Tribunal Supremo de Puerto Rico que se paralicen los casos de reclamaciones en su contra.
"Tenemos alrededor de 116 querellas pendientes contra esa empresa. Aunque no podamos ahora ir contra el fabricante ni el importador, en este caso, podemos ir contra los concesionarios porque según la ley, responden en su carácter solidario", dijo el Secretario, quien reconoció que en el caso de Chrysler, como es fabricante e importador, las probabilidades de adjudicación a favor del consumidor se reducen.
La subsecretaria del DACO, Carmen Salgado, dijo a la AP que, del total de querellas, 65 provienen de la región de San Juan, 16 de Bayamón, 14 de MayagJuez, 13 de Ponce, cuatro de Caguas y cuatro de Humacao. "Sólo faltan por contabilizar las querellas de la región de Arecibo", indicó Salgado.
El DACO ha recibido críticas por la lentitud en la adjudicación de querellas, lo que podría empeorar ante la presente crisis de la industria automotriz estadounidense.
"Las querellas se demoran un promedio de 17 meses para culminar. Ante esto, es indispensable que el Secretario del DACO elabore nuevas guías para que sus jueces puedan atender efectivamente esta problemática ya que lo vigente no funciona", denunció Ignacio García, presidente de la organización sin fines de lucro www.limonauto.com
Según García, su entidad ha recibido llamadas de consumidores que han esperado más de tres años para que el DACO culmine su querella, sólo para ahora recibir una notificación de paro indefinido de su caso.
Además, afirmó que otros consumidores han manifestado que llegaron a acuerdos de transacción de querellas de garantías con CISSA que esa empresa ahora no está honrando.
Rivera Marín admitió que se puede reformar el procesamiento de querellas para acelerar su adjudicación. Para ello, indicó, es necesario aprobar legislación para que se les requiera a los manufactureros depositar una fianza en Puerto Rico para responderle a los consumidores puertorriqueños en casos como el actual.
"Queremos que sea como en la industria de la construcción, si el contratista quiebra o desaparece habría una fianza con qué responder al afectado", manifestó el funcionario.
