25 de marzo de 2009

El Nuevo Herald

Un presunto fraude de millones de dólares fue denunciado civilmente en una corte federal de Miami por decenas de personas y empresas, una buena parte de la Florida, que invirtieron en lujosos proyectos turísticos de República Dominicana.

Los principales acusados son Frederick y Derek Elliot, padre e hijo, empresarios canadienses residenciados en Dominicana que, según la demanda, desviaron el dinero hacia una teleraña de empresas (Grupo Elliott) mayormente usadas como "alcancías' para mantener su estilo de vida.

"Desafortunadamente este caso es un ejemplo más de como en la búsqueda del todopoderoso dolar se separa las nociones básicas de lo correcto y lo incorrecto', escribió el abogado Michael Díaz que radicó la demanda.

A pesar de haber recaudado unos $170 millones para diferentes proyectos de inversionistas de Estados Unidos y otras partes del mundo, el Grupo Elliott no ha terminado uno solo de los varios proyectos que ofreció, afirman los demandantes.

La querella sostiene que cuando los inversionistas empezaron a reclamar a los Elliott sobre sus inversiones, estos "respondieron con amenazas' advirtiéndoles que si insistían por la vía legal "lo perderían todo porque Frederick, Derek y sus empresas estaban blindadas legalmente'.

Entre los demandados está el exministro de turismo dominicano Víctor Cabral, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria tras ser condenado por hurto a una empresa privada de desarrollo turístico.

En los registros electrónicos federales no figuran áun los nombres de los abogados defensores en el proceso civil de Miami. El Nuevo Herald intentó comunicarse con los teléfonos que aparecen en documentos, pero una grabación informó que se encontraban fuera de servicio.

Aproximadamente un 53 por ciento de las ventas de los intereses en las propiedades en Dominicana, que incluyen contratos de tiempo compartido, se hicieron a clientes en la Florida y un 42 por ciento con candienses.

Como parte del esquema fraudulento, agrega la demanda, los acusados abrieron cuentas bancarias en Miami y Las Vegas para recibir los pagos de los clientes.

Afirman los demandantes que las conductas denunciadas, entre las cuales se encuentra lavado de activos, fraude en giros bancarios y de correo, violan la ley de conspiración para la extorsión y la corrupción, conocida por sus siglas en inglés como Rico Act.

La demanda denuncia un patrón de comportamiento en el que el conglomerado promotor dejaba de cumplir con un proyecto, se ingeniaba uno nuevo que también quedaba a medias y cuando éste no se completaba abría otro más para captar dinero fresco.

En el centro del litigio están los proyectos turísticos Juan Dolio, al sureste de la isla caribeña, en medio la zona de los lujosos balnearios de La Romana, y EMI Sun Village Resort, en la playas de Cofresí, Puerto Plata.

Ambos proyecto fueron impulsados y ofrecidos por las empresas de los Elliott.

Estos son los hechos que alega la la demanda:

A finales del 2004 los demandantes empezaron a ofrecer propiedades en el proyecto Juan Dolio, que buscaba remodelar y ampliar un abandonado Hotel Sheraton de 268 habitaciones.

Como parte de la campaña para atraer fondos con el fin de realizar el proyecto, el conglomerado explicó en forma engañosa a los clientes potenciales que la propiedad estaba libre de gravámenes.

En realidad el grupo adquirió la propiedad en $12 millones de los cuales pagó $5.5 en efectivo y asumió el resto a través de un crédito con el Banco de la Reservas y el Banco Progreso.

Los promotores recibieron varios pagos millonarios por ventas, pero sus deudas con los accionistas y compradores continuaban sin ser pagadas.

Utilizaban el dinero como si fuera su patrimonio personal "extrayendo grandes sumas de dinero de estas compañías y desviando los fondos a empresas en las que ellos eran los únicos accionistas para pagar sus gastos personales y proyectos', señala la demanda.

En cuanto al proyecto EMI Sun Village los Elliot afirmaban que se trataba de un complejo turístico adquirido con dinero que consiguió una de sus empresas de inversionistas privados cuando en realidad fue financiado con $32 millones aportados por unos 1,600 accionistas de varias partes del mundo.

Muchos de los compradores decidieron invertir luego de ver las presentaciones de los Elliott en cruceros internacionales que mostraban la futuras comodidades del complejo tales como 300 habitaciones, siete piscinas, cinco restaurantes y nueve bares.

Tres años después de inaugurado, el complejo funcionaba en un 75 por ciento y algunas de las instalaciones abiertas al público, requerían reparaciones. Para financiar la terminación del resort, el Grupo Elliott lanzó un programa de tiempo compartido que recaudó $64 millones, pero el complejo continuó a medias. A pesar de las deficiencia todo parecía avanzar normalmente con nuevas obras como un teatro al aire libre, nuevos restaurantes y tiendas. Sin embargo, el resort operaba a pérdida.