19 de marzo de 2009
El Nuevo Dia
Tres empleados de la Administración de Corrección han sido acusados de contrabando, según informó hoy el Departamento de Justicia. A los acusados, dos guardias penales y un empleado civil, se les implica en el trasiego de sustancias controladas y en el suministro de teléfonos celulares a la población penal. El secretario de Justicia, Antonio Sagardía y Víctor Carbonell Ramírez, director del Negociado de Investigaciones Especiales informaron en un comunicado de prensa que en total se presentaron 18 cargos criminales contra el trío. Los funcionarios informaron que ángel R. Toro Rivera, empleado civil de Corrección, fue acusado de introducir un teléfono celular a la población penal. Se alega que cobró $300 en efectivo por suministrar el teléfono. Toro Rivera enfrenta cargos por violaciones a los Artículos 283 y 262 del Código Penal, que incluyen introducción de objetos útiles para fuga y soborno; y un tercer cargo por el Artículo 3.2-C de la Ley de ética Gubernamental. Mientras, el guardia penal Raymond Martínez Lozano fue acusado de introducir una sustancia controlada conocida como "dummy" el 3 de julio de 2007. Por el material de contrabando habría recibido $800 efectivo. Martínez, quien comenzó a laborar en Corrección desde el 11 de julio de 1994, enfrenta cargos por introducir objetos útiles para fuga y soborno, un cargo por el Art. 3.2-C la Ley de ética Gubernamental, así como otros cargos por los Artículos 406 y 403-B, por conspiración para la venta de substancias controladas y por el uso de un teléfono celular para la coordinación de una transacción de drogas. El segundo guardia penal, que fue acusado en noviembre, fue identificado como Juan E. Llopiz Márquez y se encuentra libre bajo fianza. Se le acusó de introducir y entregar una supuesta sustancia controlada el 20 de junio de 2007, por lo cual recibió el pago de $800. Cinco días más tarde, alegadamente repitió un acto similar recibiendo $500 en efectivo. Llopiz Márque enfrenta diez acusaciones por violaciones a los Artículos 262, 406, 403-B y 283, que incluyen soborno, infracciones a la Ley de Sustancias Controladas y a la Ley de ética Gubernamental. Las vistas preliminares de esos casos están en agenda del 27 al 30 de marzo.
