11 de agosto de 2006

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) presentó ayer la declaración jurada de un ciudadano que reclama haber sido víctima de extorsión a cambio de que se le diligenciara la conexión con el sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Quien supuestamente le extorsionó fue al administrador de Operaciones Tácticas de la región de San Juan de la AEE, Jesús Rivera Echevarría.

Según el documento que recoge las declaraciones de la alegada víctima, Wilberto Castro Resto, tanto el director ejecutivo de la AEE Edwin Rivera Serrano, como el director de Transmisión y Distribución Luis Vázquez García, así como el subdirector Valeriano Otero conocen los hechos.

La AEE investigó el caso, pero no encontró que el imputado, quien mantiene su puesto, hubiese hecho nada ilegal, indicó la portavoz de la corporación pública, Mabel del Valle.

La declaración jurada presentada por Santos se hizo ante la abogada Sharon J. González Maldonado, quien tiene oficinas en Adjuntas.

El caso data de junio de 1996, cuando Castro Resto solicitó el servicio de electricidad para su propiedad en Trujillo Alto. Castro Resto alega que el ingeniero Echevarría Rivera le pidió $900 en efectivo para ?ayudarlo? en la instalación. Castro Resto pagó esa suma y otros $100 ?para almorzar y tomar bebidas? en un negocio de Trujillo Alto.

La conexión nunca se dio. Otero trató contactar varias veces a Rivera Echevarría y a Vázquez García, quien supuestamente no le quiso atender y le insultó por teléfono.

Más tarde, el abogado de Castro Resto, Héctor Brull Cestero, intentó hablar con Rivera Serrano pero una ayudante del director ejecutivo, Denisse Jusino, no se lo permitió.

Finalmente Castro Resto y Brull conversaron en par de ocasiones con Otero, quien les indicó el 10 de julio que la controversia se trataba de un asunto de ?credibilidad? entre Rivera Echevarría y el querellante.

La investigación conducida por la AEE no determinó ninguna irregularidad. ?Por lo tanto, (Rivera Echevarría) sigue en su puesto en la región de San Juan?, dijo Del Valle.

La unión también trajo a colación el caso del ingeniero Miguel Marrero, quien según dos declaraciones juradas realizó gestiones en calidad de abogado desde sus oficinas de la AEE en Santa Isabel.