21 de agosto de 2006

El gobierno está en peligro de perder $1,500 millones en asistencia federal a familias de escasos recursos económicos, si los municipios no excluyen del impuesto a la venta de 1.5% los alimentos que se compren con la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Esta advertencia la planteó a El Nuevo Día Idalia Colón, jefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), dependencia del Departamento de la Familia (DF) que administra ese programa con cerca de 1.2 millones de beneficiarios.

??La ley dice claramente que la ayuda del programa que reciben los beneficiados no se puede considerar como un ingreso y que no le se puede imponer impuestos?

Idalia Colón
jefa de ADSEF

El 15 de noviembre entrará en vigor el impuesto estatal de 5.5% y el municipal de 1.5% en toda la Isla. Mientras el estatal excluye los alimentos no preparados, el municipal los incluye.

La funcionaria dijo que el cargo municipal costará $22.5 millones anuales a los beneficiarios del PAN y que ello constituye un gravamen ilegal, según la ley federal de cupones de alimentos, que cobija los fondos del PAN.

Señaló que esa ley explícitamente prohíbe que se implanten tributos de todo tipo, incluso los impuestos al consumo, sobre los fondos que distribuye el programa de asistencia.

?La ley dice claramente que la ayuda del programa que reciben los beneficiados no se puede considerar como un ingreso y que no le se pueden imponer impuestos?, dijo Colón.

El PAN es el mayor programa de beneficencia social que opera en el País, con 484,210 familias que reciben el dinero mensualmente.

Pero ADSEF estima que entre tres y cuatro personas se benefician de los fondos que recibe cada familia.

Esto eleva a 1.2 millones el número de ciudadanos que podrían afectarse de suspenderse los pagos.

Colón sostuvo que las disposiciones de la ley federal están vigentes a pesar de que la ayuda del PAN ya no se distribuye en cupones y la ADSEF recibe los fondos en bloque.

Opinión legal

Pero el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio Silva, indicó que tiene una opinión legal elaborada por el ex legislador Angel Cintrón, que sostiene que las ayudas del PAN sí se pueden gravar.

El Nuevo Día obtuvo una copia de opinión, la cual concluye que si los beneficiarios del PAN reciben la ayuda en efectivo o por medios electrónicos, como el es caso de Puerto Rico, el gobierno puede solicitar aumentos para compensar el costo de un impuesto.

Colón indicó que la oficina regional del Servicio Federal de Alimentación Nutricional en Nueva Jersey, que regula los fondos que recibe Puerto Rico, realizó una opinión legal en la que llega a una conclusión exactamente opuesta a esa.

Esa oficina, adelantó Colón, emitirá próximamente una comunicación que establecerá ?de forma contundente? cómo se afectará el PAN si se le impone el tributo.

Explicó que durante los pasados meses estaba convencida de que los beneficiados del programa no se afectarían con la reforma contributiva, porque en el proyecto presentado se excluía a los beneficiarios del PAN del impuesto.

?Pero lo que se aprobó no excluye a los beneficiarios del programa?, se lamentó Colón.