12 de septiembre de 2006

El costo de la vida para más de 246,000 personas de 65 años o más será impactado de manera muy adversa por la reforma contributiva y no se han identificado mecanismos que ayuden a aliviar el serio efecto que la medida tendrá en este ya agobiado sector de la población.

Ésa es la principal conclusión de un estudio sobre el efecto de la reforma en los pensionados comisionado por el capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés) y que ha movido al liderato de esta organización a solicitar enmiendas urgentes a la nueva ley contributiva.

Contra la pared

44%
porcentaje de personas mayores de 65 años que viven bajo el nivel de pobreza

23%
porcentaje del total de hogares en Puerto Rico que son liderados por personas mayores de 65 años

492,000
total de personas mayores de 65 años en Puerto Rico

50%
total de la población de Puerto Rico que tendrá 65 años o más para el 2030

El presidente de la AARP, José Acarón, indicó que el incremento de las pensiones en general no se ajusta al alza en el costo de vida y mucho menos al efecto que tendrá el impuesto a la venta en el costo de vida de los retirados, especialmente en los alimentos y los productos y servicios de consumo general.

Señaló que el estudio, llevado a cabo por la firma Consultec, fue discutido recientemente con el Ejecutivo. El secretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez, confirmó que se reunió con los portavoces de la AARP, pero se limitó a decir que ?estamos evaluando sus planteamientos?.

Entre otros hallazgos, el estudio concluye que los mecanismos compensatorios por el efecto del impuesto a la venta que propone la Ley no estarán disponibles para la mayoría de los 319,200 hogares cuyos jefes de familia tienen 65 años o más, que representan 23% de los hogares del país.

Actualmente, existen 492,000 personas de 65 años o más, según la Junta de Planificación.

El estudio sostiene que los retirados no serán beneficiados con las rebajas en las tasa contributivas, la eliminación de la penalidad contra el matrimonio, el crédito por impulso al trabajo, el reembolso de $300 por impuesto a la venta y la exclusión contributiva de $15,000 en los ingresos de los pensionados, que son los principales beneficios de la reforma.

De hecho, Acarón dijo que el efecto de la Ley es tan adverso que le solicitó al Ejecutivo que explore la posibilidad de efectuar ?por reglamento? los cambios que la AARP propone, antes de reclamar enmiendas en la Legislatura.

Acarón dijo que es necesario eximir a los alimentos no procesados del impuesto municipal de 1.5% y no limitar ese beneficio a los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), como ha reclamado por el Departamento de la Familia.

Indicó que, según el censo federal efectuado en el año 2,000, 44% de la población de 65 años o más en Puerto Rico está bajo el nivel de pobreza, lo que implica que el efecto del 1.5% sobre los alimentos ?será considerable?.

De hecho, Acarón sostuvo que actualmente el seguro social es el único ingreso para 45% de los pensionados de 65 años o más, es decir, para unas 221,400 personas.

?La pensión promedio del seguro social es $657 mensuales, mientras que la mitad de los retirados recibe entre $400 y menos de $800 mensuales de pensión. Aquí hay viudas que sólo reciben $192 mensuales del seguro social?, dijo Acarón.

Otro reclamo importante es revisar el reembolso compensatorio de $300 anuales que la Ley de Justicia Contributiva le asigna a los pensionados de escasos recursos.

Acarón indicó que la Ley destina $15 millones para el reembolso y no considera aumentarlo según el alza en la inflación o por el incremento de la población de personas de 65 años o más.

Beneficios sólo para 50,000

El economista Luis Benítez, quien trabajó en el estudio, dijo que los $15 millones ?sólo benefician a 50,000 pensionados de escasos recursos, que es una cuarta parte de los que necesitan esa ayuda?.

Además, la Ley dispone que el reembolso estará accesible para los pensionados del gobierno y la empresa privada, ?pero no dice nada de los pensionados que sólo reciben el Seguro Social, que son lo más afectados?, dijo Acarón.

Indicó que estos pensionados deben tener acceso al reembolso y que éste debe aumentarse en cerca de $500 ?para que sea justo?.

Otra enmienda solicitada es que el reembolso se distribuya de manera mensual y se aplique automáticamente a los pagos del agua y la luz.

?Esa es una de las alternativas que estamos considerando. También se podría aplicar el pago mensual a la ayuda del PAN o en la tarjeta de la reforma de salud?, dijo Benítez.

La AARP también está solicitando que se exima del cobro del impuesto de 7% a los hospicios, centros de cuido y asilos y otros tipos de servicios dirigidos a las personas de edad avanzada o que tienen más de 65 años.

La organización advirtió que el Ejecutivo y la Legislatura tendrán que ofrecer incentivos contributivos para estimular el desarrollo de los servicios para este sector de la sociedad, que en el 2030 será 50% de la población del país.