20 de septiembre de 2006

WASHINGTON - El secretario de Justicia de Estados Unidos, Alberto Gonzales, dijo ayer martes que el Congreso debería obligar a los proveedores de internet a conservar registros de las actividades de sus clientes, señalando que son necesarios para luchar contra la pornografía infantil.

En declaraciones a un panel del Senado, Gonzales reconoció las preocupaciones de algunos ejecutivos que temen que una legislación en ese sentido viole la privacidad de sus clientes. Pero indicó que la creciente amenaza de la pornografía infantil en internet era demasiado grande.

"Éste es un problema que requiere de una legislación federal", dijo Gonzales a la Comisión Bancaria del Senado. "Necesitamos información. Ella nos ayuda a sustentar nuestros casos".

Asimismo, calificó la falta de acceso a registros de las actividades de los clientes de internet como el principal obstáculo contra la pornografía infantil.

"Tenemos que encontrar una forma para que los proveedores del servicio de internet puedan retener la información por cierto período de tiempo, a fin de que podamos emplear un recurso legal para obtenerla", indicó.

Gonzales y el director de la Oficina Federal de Investigaciones, Robert Mueller, se han reunido con varios proveedores de internet, como AOL, de la empresa Time Warner, Comcast, Google, Microsoft y Verizon Communications.

Las autoridades le han manifestado a las empresas que deben guardar los registros de actividades, quizás hasta por dos años. Estas han tratado la ampliación de sus períodos de retención, que van de unos días a un año, para evitar ser sancionadas.

En la audiencia del martes, Gonzales dijo estar de acuerdo con los 49 secretarios de justicia estatales que en una misiva enviada en junio al Congreso expresaron su apoyo a una iniciativa que permitiría retener los registros de actividades durante un mayor tiempo.

"Respetamos las libertades civiles, pero tenemos que resolver esto para que tengamos más información", dijo.

El tema ha generado alarma entre los ejecutivos de las empresas de internet y grupos por los derechos civiles, luego de que el Departamento de Justicia llevó a Google ante la corte a principios de este año, para obligarla a presentar información sobre las búsquedas realizadas por sus clientes en internet.