2 de octubre de 2006

Los latinos, las personas de la tercera edad, los residentes rurales o de bajos ingresos pueden salir perdiendo si el gobierno federal aprueba una propuesta para repartir entre todos los consumidores un impuesto especial por llamadas de larga distancia que actualmente corre a cargo de las compañías de teléfonos, según varios grupos que se oponen al plan.

Éstos alegan que, tan sólo en California, el esquema propuesto por las telefónicas impondría a los usuarios del servicio telefónico un nuevo impuesto por valor de 582.43 millones de dólares al establecer un sistema de pago regresivo en el que el consumidor común y corriente y las grandes corporaciones pagarían prácticamente la misma cuota.

Según Mel Risher, director ejecutivo estatal de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) tal propuesta eximiría a los gigantes de las telecomunicaciones ?como ATT, Verizon, IDT Corporation y Bell South? de la obligación de pagar la cuota correspondiente a sus operaciones de larga distancia.

"No podemos aceptar que los latinos y otros grupos que no manejan altos volúmenes de llamadas sean sobrecargados con el pago del USF (Fondo de Servicio Universal). Ello afectaría el sistema en detrimento de los latinos en California y en otras partes de la nación", afirmó Risher.

LULAC se ha aliado con numerosas organizaciones, como la Asociación Estadounidense de Personas Discapacitadas, el Foro de Liderazgo Negro, la Liga Nacional de Consumidores, la Federación de Consumidores de California y Panteras Grises, y juntas han formado la Coalición para el Mantenimiento de un USF Equitativo ?Keep USF Fair Coalition? para montar una campaña en contra de ese plan.

Maureen Thompson, directora ejecutiva de la coalición, declaró que no es justo que los consumidores paguen un impuesto que en última instancia beneficia a las telefónicas, que son las que extraen los beneficios del fondo.

El USF es un gravamen especial creado por el Congreso en 1996 cuya recaudación se utiliza para llevar servicios de telefonía a los sectores rurales y suministrar servicio de internet a bibliotecas, escuelas y clínicas rurales.

El sistema vigente de recolección del USF, acordado dos años después de la implantación del tributo, se basa en el volumen de llamadas hechas. Las personas, empresas o entidades que más llaman por larga distancia pagan cuotas más altas en la actualidad.

El cambio de modelo de recaudación propuesto por las compañías telefónicas, y que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) está considerando en estos momentos, establecería una cuota fija mensual de entre uno y dos dólares que tendrían que pagar inclusive las personas que jamás utilizan ese servicio.

Un estudio realizado por la coalición mencionada indica que aproximadamente 43 millones de estadounidenses que usan muy poco la larga distancia tendrían que aportar un total de 707 millones de dólares para el nuevo impuesto. De éstos, 16 millones de individuos de bajos ingresos que apenas pueden costear una llamada de larga distancia deberán desembolsar 383 millones de dólares.

Michael Balmoris, portavoz de AT&T, afirmó que el plan propuesto por las compañías es mucho mejor para los consumidores.

De producirse el cambio, aseguró, a diferencia de ahora "los consumidores que apenas ingresan para su propio sustento estarán completamente exentos de pagar el USF".

Por su parte, la compañía Verizon envió un comunicado afirmando que, aunque está en interés de la nación preservar la viabilidad del USF, el método actual de recaudación de ese impuesto no funcionará en el futuro debido a los cambios en el mercado y que recolectar las cuotas de USF a partir del número de teléfono en vez de a partir de las ganancias ayudará a garantizar que exista una fuente estable de financiamiento para ayudar a proveer servicio telefónico asequible para los consumidores rurales y de bajos recursos del país.