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| Que no te cojan de... |
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3 de noviembre de 2006
Por: El Vocero
Asólo 13 días para que entre en vigor el Impuesto Sobre la Venta y Uso(IVU), el Centro Unido de Detallistas (CUD) y varios dueños defunerarias y cementerios de Puerto Rico exigieron a la Legislatura y alsecretario de Hacienda que aprueben una exención total en el cobro porlos servicios y venta de mercancía fúnebre y de cementerio y cremación.
El Proyecto de la Cámara 1347, actualmente bajo consideraciónde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, proponeenmiendas a la Ley de Justicia Contributiva con el fin de estableceruna exención en la venta de los servicios funerarios, de cementerio yde cremación hasta una cantidad máxima de $5,000.
Por otraparte, el Proyecto del Senado 1750 propone una exención máxima de$1,000. "Nos preocupa inmensamente que opten por bajar la cantidad, yaque no representaría una exención real. Las familias de escasosrecursos que incurran en gastos fúnebres, de cremación y/o decementerio estarían entonces expuestos a pagar una contribución en unaactividad que debería estar exenta en su totalidad", expresó ElliottRivera, presidente del CUD.
Por su parte, Marcelo Aquino,propietario de la funeraria y cementerio Jardín del Edén, en Cidra, yDaniel Quintini, dueño del cementerio Los Angeles Memorial Park, enGuaynabo, expusieron que ante el nivel de pobreza que existe en PuertoRico, de casi 60%, lo lógico es que el Gobierno ofrezca una exencióntotal a toda la industria de funeraria de servicios y venta deartículos fúnebres y de cementerio.
Su argumento está basadoen que en el estado de la Florida, cuyo sistema tributario fue tomadocomo modelo para establecer el IVU en la Isla, esta industria, tanto laventa de mercancía como los servicios hasta para animales, estátotalmente exenta.
El presidente del CUD, Elliot Rivera, yestos comerciantes afirman que los servicios funerarios y de cementerioson adquiridos por necesidad y muy pocas personas se preparaneconómicamente para costearlos. Por esta razón, si los familiares delfallecido no pueden pagar por dichos servicios, serían los dueños deestos negocios o los municipios los encargados de costearlos.
"Enrealidad, esto es una medida de justicia social. Aquí los beneficiadosno serán los comerciantes, sino los consumidores y el propio Gobierno.Así que urgimos al Secretario de Hacienda y al representante SilvaDelgado para que se reúnan con nosotros lo más pronto posible pararesolver este asunto que afectará a todos los puertorriqueños sindistinción de clase alguna. Les exhortamos a que estudien lalegislación de Florida a esos efectos", puntualizó Rivera.
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