22 de noviembre de 2006
Por: El Nuevo Dia
Una semana después del debut del impuesto a la venta y uso (IVU) de 5.5% estatal y el municipal de hasta 1.5%, persiste la confusión entre los comerciantes sobre los productos exentos y tributables, mientras se registran instancias en que se cobra una tasa mayor al 7%.
Así lo reconocieron a El Nuevo Día los portavoces de las organizaciones que agrupan a los comerciantes.
‘‘El tiempo de cometer errores y de adaptación se acabó”
Alejandro García Padilla
secretario del DACO
De hecho, las primeras ocho multas de más de $300 emitidas ayer por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en la región de Caguas y Arecibo respondieron al cobro de una tasa superior al 7%.
También ha ocurrido que la falta de uniformidad entre la base contributiva del impuesto estatal y el impuesto municipal crea dificultades en computar ambos gravámenes en productos exentos, especialmente en el renglón de alimentos.
Otra situación registrada es la falta de un desglose detallado en los recibos de los productos a los que se les impuso el impuesto para que el consumidor pueda corroborar que el cobro efectuado fue el correcto.
Llama la atención la resignación con que la mayoría de los consumidores han aceptado que el IVU pase a formar parte de su vida económica.
“Si me van a bajar las contribuciones, yo no tengo problema en pagar el IVU”, dijo Anabell Rosa, una consumidora aficionada al San Patricio Plaza en Guaynabo, que reconoció que no examina los recibos para confirmar el cobro correcto del IVU.
Sin embargo, el cobro del IVU y del impuesto municipal a una tasa mayor a la autorizada, en ocasiones 8%, cuando se debió cobrar 7%, es una situación que sucede con mayor frecuencia y que ha incrementado las tensiones entre comerciantes y consumidores, según confirmó Elliott Rivera, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD).
El problema es de las cajas
“El problema no es de los comerciantes, sino de las cajas registradoras” dijo Rivera.
Indicó que algunos miembros del CUD han sido insultados injustamente por los consumidores, debido al cobro de una tasa superior al 7%.
Rivera dijo que el problema obedece a que las máquinas registradoras padecen problemas mecánicos o que fueron programadas incorrectamente por las empresas que ofrecen esos servicios.
“En ocasiones el comerciante cobra menos, como me ocurrió a mí, que me cobraron 40 centavos menos. Eso también es un problema de programación”, dijo Rivera.
El secretario del DACO, Alejandro García Padilla, dijo que en la mayoría de los cobros excesivos responden a “errores involuntarios y de programación”, según lo han reportado los 50 inspectores que están en la calle fiscalizando el comercio.
Manuel Mejía, presidente de la Cámara de Comercio, reclamó al País que no se incline “por criminalizar a los comerciantes, que intentan hacer lo mejor y que no tienen intención de aprovecharse de los consumidores”.
Pero García Padilla dijo “que el tiempo de cometer errores y de adaptación se acabó” y advirtió que los inspectores de DACO continuarán multando por las infracciones que detecten relacionadas con del nuevo tributo.
Niegan caos
Rivera, Mejía y García Padilla concluyeron que el establecimiento del nuevo tributo a lo largo del País ha sido un éxito “y no se han registrado situaciones caóticas como algunos observadores señalaron”.
García Padilla dijo que los problemas, las dudas y la confusión que se registran en el comercio “son normales en un proceso como éste, a pesar de que hubo un gran esfuerzo de orientación de parte de DACO y del Departamento de Hacienda”.
Mencionó dificultades en computar el IVU y el impuesto municipal y el cobro indebido de ambos impuestos en productos exentos como los alimentos no preparados.
Rivera dijo que el CUD está esperando la lista de productos exentos en el reglón de alimentos que se espera prepare Hacienda para distribuirla entre sus integrantes.
Pero Mejía señaló que es necesaria más orientación y atribuyó la mayoría de los problemas que enfrentan los comerciantes a la falta de uniformidad entre el IVU y el impuesto municipal.
Parámetros no uniformes
García Padilla coincidió en que la falta de uniformidad entre la base contributiva que utiliza el gobierno estatal y los municipios genera muchos errores en los cómputos para cobrar el impuesto.
“Los productos exentos en la base del IVU no son los mismos que en los municipios. Muchos de cobros excesivos responden la falta de uniformidad”, dijo el titular.
Un ejemplo son los alimentos no preparados, que están exentos en el IVU pero tributan en los municipios.
De hecho, en San Juan, donde se cobra un impuesto de 1%, se ha registrado un alta incidencia de cobros de 7%, cuando debió ser 6.5 % al incluir la tasa del 5.5 % del IVU.
Señaló que la falta de uniformidad provoca que los inspectores de DACO fiscalicen la mitad de Plaza Escorial con el reglamento de Carolina y la otra mitad con el reglamento de San Juan.
Rivera, Mejía y García Padilla esperan que en la medida que se logre la uniformidad la situación se normalizará para principios del 2007 y desaparezcan los problemas.
Pero en medio de la crisis económica que padece el gobierno central y los municipios, que fue la fuerza motriz para establecer el impuesto como mecanismos para aumentar los recaudos, Mejía dijo que la Cámara de Comercio propondrá la creación de un fondo “para promover micro empresas”.
El fondo se nutriría de los recaudos del 0.1 % del impuesto municipal que antes era dedicado al barril para los legisladores y que será eliminado en la medida para establecer la uniformidad que considerará la Legislatura en las próximas semanas.
Por parte, Rivera adelantó que en una reunión que sostendrá hoy con el Gobernador Aníbal Acevedo Vilá le exigirá que se decrete una amnistía contributiva “para hacer balance con el IVU”.