22 de noviembre de 2006

Al tiempo en que aseguró que todos los que trabajaron en la implantación del impuesto sobre la venta erraron, el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, dijo ayer que los puertorriqueños tienen actualmente doble tributación.

Asimismo, sostuvo que había advertido que el dinero recaudado por el gravamen no sería suficiente para lidiar con el déficit del gobierno. De esa forma, O'Neill concurrió con una presentación que hizo recientemente el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Alfredo Salazar, a inversionistas estadounidenses.

El informe apunta a una insuficiencia de fondos en los próximos años pese a la implantación del impuesto. El estimado de ingresos por concepto del impuesto asciende a $643 millones para este año fiscal, que junto a otras fuentes de ingreso del Estado llega a $9,163 millones.

Sin embargo, el presupuesto 2006-2007, aprobado por la Legislatura y firmado por el Gobernador, es de $9,488 millones, por lo que hay una brecha de $325 millones.

“A mí nadie me ha comprobado que después de eliminar el 6.6% los artículos que ya estaban en las góndolas de los supermercados se identificaron”, destacó O'Neill.

Sostuvo que el Departamento de Hacienda debió hacer un inventario para consignar qué artículos ya habían pagado el arbitrio general de 6.6% antes de la puesta en vigor del impuesto sobre la venta.

 Al ser preguntado sobre quiénes erraron con la implantación rápida del impuesto, respondió que “todos”.

“Yo estoy consciente de que eso (los recaudos) no va a ser así. Eso no va a dar”, comentó.

Recordó que durante el debate sobre la implantación del impuesto sobre la venta propuso que fuera de 10%, pero rechazó que ese porcentaje se pueda implantar ahora.

El alcalde sugirió que en la próxima sesión legislativa se enmiende la llamada reforma contributiva para hacerla uniforme.

Posteriormente, planteó que se haga un análisis de los recaudos del impuesto para tomar otras medidas alternas.

De otra parte, O'Neill tronó contra el presidente de su partido, Pedro Rosselló, por hacer un llamado a la desobediencia civil al negarse a pagar la totalidad del impuesto sobre la venta tras almorzar en un restaurante de Hato Rey.

El alcalde guaynabeño no quiso abundar sobre la acción del senador Rosselló, pero recalcó que hasta el momento “nadie le ha hecho caso”.