23 de noviembre de 2006
Por: El Vocero Los procesos de radicación de quiebras fraudulentas en Puerto Rico le sirven a las autoridades con mucha frecuencia para descubrir otras actividades delictivas.
En medio de las "Reuniones 341" del deudor con los acreedores y sus abogados, el solicitante de un proceso de quiebra se expone a ser cuestionado sobre todos los aspectos económicos de su vida.
Y cuando alguno de éstos se oculta, o se confunde, o misteriosamente se olvida, se levanta la bandera roja.
"El crimen de quiebra es a veces simplemente una ramificación de otros crímenes, delitos, que esa persona está cometiendo", dijo la asistente del Síndico de Estados Unidos ("Assistant US Trustee") para el Distrito Puerto Rico, Monsita Lecaroz, en entrevista con EL VOCERO.
Esas otras actividades delictivas aparecen con frecuencia en la manera de esquemas de lavado de dinero. La persona ha buscado cómo "blanquear" una actividad criminal, como pudiera ser el narcotráfico, crimen organizado, o la conocida "bolita".
En otras ocasiones, las variaciones son tan complicadas y realizadas bajo estructuras tan complejas, que las autoridades nunca llegan a recopilar suficiente información para referir el caso al Departamento de Justicia.
"El crimen de quiebra es más claro", sostuvo Lecaroz.
La Oficina del Síndico de Estados Unidos no tiene una función de fiscal, pero tiene la potestad de referir sus casos al Departamento de Justicia y eso es lo que están haciendo.
Desde el año pasado, esa dependencia actúa con mucha mayor autoridad, puesto que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó la ley conocida como "Ley de Prevención del Abuso de Quiebra y Protección al Consumidor".
A partir de entonces, en Puerto Rico las quiebras se han reducido en un 72%.
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