12 de diciembre de 2006
Por: El Vocero
A casi un mes de iniciada la implantación del Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU) algunos comerciantes ambulantes parecen conocer que se cobra entre un 5.5% hasta un 7% de impuesto, pero las certificaciones de registro son inexistentes y otro grupo nisiquiera sabe que se cobra un impuesto pero los precios los han elevado e igualmente carecen de las certificaciones de registro.
En un recorrido por varias de las principales avenidas de la zona metropolitana, como la carretera 165, la 167 y la número 2, los comerciantes ambulantes parecen haber hecho caso omiso a la necesidad de tener un certificado de registro para poder operar y por ende poder cobrar el impuesto.
En la mayoría de los kioskos visitados, la presencia del certificado era inexistente, sin embargo, muchos de ellos cobraban el 7%, "por si acaso aparece alguien de Hacienda". Otros simplemente se han dado a la tarea de incrementar sus precios en más de 50¢, pero eso no representa que están cobrando el IVU, "porque si no se nos van los clientes", expresó uno de los vendedores.
Otros simplemente, no cobran el impuesto ni tienen el certificado, porque entienden no tienen el mecanismo para poder cobrar el impuesto.
Sin embargo, mientras esta práctica prolifera, en contra de la motivación de la imposición del impuesto que era evitar la evasión, ahora evaden con mayor ganancia, ya que según los analistas, este sector ambulante constituye en un gran porcentaje del verdadero evasor, aunque parezca ser un porcentaje minoritario.
Durante el recorrido, se pudo constatar la venta de todo tipo de comida en las consabidas guaguas ambulantes, la venta de árboles de Navidad, la venta de animales, la venta de adornos navideños y hasta la venta de viandas, frutas y vegetales, entre otros, establecimientos donde la certificación de registro era inexistente.
Sin embargo, muchos de estos establecimientos no sólo ignoran el registro de comerciantes, sino que han hecho como suyas las aceras del área, donde inclusive establecen sus mesas con sillas como parte de sus negocios. Al cuestionárseles sobre los permisos pertinentes, aseguraron a este rotativo ser negocios que van y vienen, por lo que entienden no son necesarios. No obstante, se tratan de avenidas altamente concurridas donde tanto la policía estatal como municipal transita a diario, al igual que personal de otras entidades pertinentes.
Los analistas de la industria coincidieron en que este sector es uno al que nadie les hace caso, pero anualmente se meten al bolsillo entre todos, cifras millonarias que nunca llegan al erario público.
Sin embargo, el secretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez, aseguró que este sector está siendo igualmente fiscalizado. Durante los días comprendidos entre el 15 de noviembre al 22 de noviembre, fueron visitados los establecimientos ubicados en la carretera 167, una de las áreas donde mayor incidencia de este tipo de negocio existe. Aclaró, que en esta primera incursión fueron orientados, no obstante enfatizó, que a partir de la semana que viene, todo comerciante que no posea el certificado de registro podrá ser multado hasta por $10,000.
Según Méndez, más de 400 empleados de la agencia están visitando diariamente unos 2,500 negocios, para un total de alrededor de 30,000 a 40,000 negocios mensuales.
Aclaró que ya no debe existir excusa para no poseer los certificados, ya que todos han sido enviados y desde agosto se les ha estado orientado sobre la responsabilidad de registrarse. A ello agregó, necesitar la ayuda ciudadana, de manera que todo comercio que no posea la certificación a simple vista les sea notificado a Hacienda. Indicó además, que ningún negocio sin certificación o con certificación roja tiene autorización para retener el impuesto, por ende el cliente no viene obligado a pagarlo. "En una eventualidad como esta agradecemos a los ciudadanos que nos notifiquen del negocios de manera que podamos llegar directamente e intervenir a tiempo. Vamos a fiscalizar y hacer cumplir la ley sin importar el tamaño del negocio".
Otro sector que igualmente impactarán serán los pulgueros, donde igualmente los certificados de registro son inexistentes.
Para el secretario, el que muchos de estos negocios no se hayan impactado durante las visitas de su personal responde a que muchos de ellos tienen la facilidad de moverse de un lugar a otro.
En ese mismo sentido, el alcalde de Bayamón, Ramón L. Rivera explicó que este incremento en negocios ambulantes responde a la pésima situación económica que atraviesa el país, por lo que los municipios tienen que hacer un balance. "Nosotros otorgamos un número en particular de permisos, ya que esto permite que estos padres de familia puedan llevar el sustento a sus hogares, ya que de lo contrario la desesperación los llevaría a delinquir. Aceptamos que los fines de semana se están metiendo en las áreas vendedores que no poseen los permisos con los cuales estamos trabajando".
Según el ejecutivo municipal, la división de facilidades comerciales del municipio está interviniendo los fines de semana, donde después de multarlos, les dan una cita para orientarlos a que desistan de la práctica.
En torno a la ubicación de los negocios en las aceras, aclaró que en lugares donde no intervengan con nadie se les ha dejado, por tratarse de negocios que llevan muchos años en el área y que cuentan con los permisos.
No obstante, existe una ley que prohibe el establecimiento de cualquier cosa que obstruya el libre paso en las aceras.