1 de noviembre de 2007

Por: Primera Hora

El juez de apelaciones Germán Brau Ramírez recibió una designación especial para que presida el juicio en su fondo contra los empresarios Gustavo Rivera Vázquez y Fernando Soto Rivera, implicados en un fraude millonario tipo piramidal.

El caso, en el que hay cientos de testigos de cargo, comenzará el próximo 26 de noviembre.

Inicialmente contra Rivera Vázquez, que operaba desde una oficina en Quebradillas, y Soto Rivera, otra desde Mayagüez, se les imputaron 3,248 cargos graves. Pero, en la vista preliminar, que duró 37 días, la jueza Carmen Teresa Lugo encontró causa para juicio en 1,285 casos.

Los cargos que enfrentan son por los delitos de apropiación ilegal agravada y por ofrecer, vender y hacer negocios de valores en Puerto Rico sin estar debidamente inscritos en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

En los restantes 1,963 cargos la jueza Lugo no encontró causa porque de los 406 testigos que había anunciado el fiscal Marc Thys, de la Unidad de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, sólo 317 comparecieron a la vista preliminar y en muchos de los casos los delitos no se pudieron probar en esa etapa del proceso.

El fiscal Thys radicó una moción solicitando acudir a una vista preliminar en alzada en 186 casos de apropiación ilegal agravada contra cada uno de los imputados, que se encuentran sumariados desde mayo pasado en la cárcel Las Cucharas de Ponce, debido a que no han podido prestar las millonarias fianzas que se les impusieron.

Esa vista preliminar en alzada fue señalada para el próximo 15 de noviembre, pero todavía se desconoce el juez que la presidirá.

Los agentes Víctor Pérez y Natanael Álvarez, de la Unidad de Delitos Contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, investigaron el esquema de fraude piramidal, que se extendió desde el 2004 hasta el 2005. El fraude consistía en que hacían inversiones de dinero, que iban desde los $1,000 hasta los $200,000 mil, a cambio de que en 90 días duplicarían la cantidad invertida.

Al pasar el tiempo y no recibir el dinero invertido ni lo prometido, los perjudicados acudieron a los agentes Pérez y Álvarez, quienes junto al fiscal Thys y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras iniciaron investigaciones por separado a nivel criminal y administrativo.