21 de noviembre de 2007

Por Ignacio García - www.limonauto.com

Como ya debe ser de conocimiento de todos, el pasado 9 de noviembre de 2007 el gobernador Aníbal Acevedo Vilá veto el Proyecto de la Cámara 2005. Dicho proyecto de ley buscaba crear la Ley de Cumplimiento de Garantías de Vehículos de Motor Nuevos, denominada como la "ley limón".

La "ley limón" procura eliminar demoras injustificadas por parte de los concesionarios de autos para arreglar los autos nuevos que estén bajo garantías. La propuesta ley exige que se le otorgue un carro nuevo o se le reembolse al consumidor el dinero pagado por el auto nuevo que resultó "crónicamente defectuoso" y que haya sido llevado a arreglar en cuatro o más ocasiones por el mismo desperfecto en el periodo de garantía mínima de 3 años o 36,000 millas.

Puerto Rico es la única jurisdicción federal que no cuenta con este tipo de ley. Los 50 estados y las Islas Vírgenes tienen una "ley limón" desde los 1980.

A pesar que al anunciar el veto de la medida el Gobernador aseguró que el propio Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) entiende que la propuesta ley, aunque fue redactada con buenas intenciones, les quita derechos a los consumidores que adquieren vehículos de motor, la realidad es que el DACO apoyó la aprobación de la medida no solo en vistas publicas sino también en innumerables entrevistas en la prensa.

Para nosotros en www.limonauto.com es más que evidente que con esta decisión el señor Gobernador lo que esta es velando por los grandes intereses de la industria automotriz, y no la de los consumidores. Lo más lamentable de todo es ver como el DACO, agencia en la que los puertorriqueños confían para velar por sus intereses, se este prestando para tan absurda determinación cuando habían endosado en numerosas ocasiones la aprobación del proyecto.

Para lograr apreciar lo incorrecta y parcializada a favor de los grandes intereses que esta el veto del Gobernador, solo hay que pasar vista sobre algunas de las justificaciones que el Mandatario utilizó en su veto expreso. Parte del veto emitido por el Gobernador reza, y citamos:

"En esta medida propuesta, el taller autorizado de servicio de reparación y el concesionario que vendió el vehículo son relevados expresamente de responsabilidad ante el consumidor aún cuando la mayoría de los casos con éstos quiénes tienen contacto inicial y directo con el consumidor, el vehículo, la reclamación y aquello que es objeto de ésta. Irónicamente, quien único queda responsable al consumidor es el distribuidor y el fabricante, aunque quien haya sido responsable del defecto sea un tercero y aún si la reclamación no está relacionada a defectos en el diseño y manufactura; y aún si la reclamación está relacionada a una reparación defectuosa o es producto de la venta."

Lo antes expresado por el Gobernador en su veto es totalmente incorrecto. Todos sabemos que al comprar un auto nuevo el mismo viene con una garantía del fabricante. La garantía es un contrato escrito entre el fabricante y el comprador, no el concesionario ni ningún agente de servicio o vendedor autorizado. En todo caso que un concesionario autorizado no logre arreglar un auto bajo los términos de la garantía, es el fabricante quien viene obligado a responderle al consumidor por el incumplimiento de la garantía. El decir lo contrario para justificar el veto de la medida es fallarle a la verdad y al respeto que se merecen los consumidores puertorriqueños.

Por otro lado, un estudio preparado por www.limonauto.com refleja que bajo la "ley limón" de los 50 estados de los Estados Unidos, es precisamente el fabricante quien siempre se tiene que hacer responsable de re-comprarle el vehículo "limón" al consumidor, independientemente de que el "limón" haya sido por defectos de fábrica o por negligencia de parte de un agente de servicio autorizado o vendedor. El que sea de esta forma de ninguna manera se interpreta como una limitación en los derechos de los consumidores en todos los Estados Unidos. En ningún estado el fabricante puede alargar una reclamación entablada por un consumidor al amparo de la "ley limón" bajo el pretexto de que el concesionario o vendedor es el responsable. El decir lo contrario para justificar el veto de la medida es también una falta de respeto al consumidor puertorriqueño.

Otra parte del veto emitido por el Gobernador reza, y citamos:

"El efecto practico de esto es en primer lugar es desincentivar al taller de servicio y al concesionario que vendió el vehículo, luego de vencer la garantía, a hacer trabajos de calidad y de manera responsable por que al final ellos comoquiera no van a ser los responsables al consumidor."

Lo antes expresado por el Gobernador en su veto es totalmente incomprensible toda vez que la "ley limón" solo procura proteger al consumidor mientras su auto se encuentre bajo la garantía mínima del fabricante de 3 años o 36,000 millas, y no luego que venza o expire la misma. El decir que la medida va a desincentivar a los concesionarios de brindar servicios de calidad una vez venza o expire la garantía de fábrica demuestra un total desconocimiento de cómo opera la "ley limón" por parte del Gobernador.

Otra parte del veto emitido por el Gobernador reza, y citamos:

"Según la medida no es hasta que el vehículo de motor nuevo ha sido objeto de tres (3) intentos de reparación por el agente de servicio autorizado, concesionario y/o la entidad a cargo de prestar servicio en garantía por el mismo defecto o componente mecánico que el consumidor puede reclamar el remedio de readquisición del vehículo por parte del manufacturero. Esto es injusto tanto para el consumidor como para el manufacturero ya que somete al consumidor a un vía crucis innecesario y al distribuidor y al fabricante se les haría responsable por actos negligentes de terceros que surjan en la cadena de servicio. De esta forma, al eliminar al taller autorizado de servicio y al concesionario de la relación de solidaridad en la que hasta ahora han estado involucrados, éstos no tendrán incentivo alguno para ofrecer un servicio de excelencia o de corregir los defectos reclamados por los consumidores, toda vez que ya no son responsables de responderle al consumidor."

Lo antes expresado por el Gobernador en su veto nuevamente parte de la premisa errónea de que bajo la garantía del fabricante un concesionario o agente de servicio viene solidariamente responsable por un auto "limón". El Gobernador obvia entender que bajo los términos de las franquicias de concesionarios y agentes de servicio autorizados, éstos son exentos de responsabilidad. La realidad es que ningún empresario aceptaría que al adquirir la franquicia para vender autos nuevos sean responsables en caso que alguno salga un "limón". De otra parte, es importante aclarar que el incentivo que tienen los concesionarios para ofrecer un servicio de excelencia no proviene de la alegada responsabilidad solidaria que tienen hoy día bajo las leyes de Puerto Rico, sino por el hecho que pueden perder su franquicia si les crean demasiadas reclamaciones a los fabricantes y distribuidores de autos. Además, ofreciendo un servicio de excelencia es la única manera que pueden asegurar que los consumidores los seguirán patrocinando.

El final del veto emitido por el Gobernador reza, y citamos:

"En resumen, este proyecto, lejos de obrar en beneficio del consumidor, le crea una situación detrimental al eliminar posibles responsables de su reclamación y al someterle a un calvario innecesario, antes de lograr un verdadero remedio. En adición, la medida tiene vicios de inconstitucionalidad al menoscabar obligaciones contractuales existentes al hacer su aplicación retroactiva."

Nos llama la atención que el Gobernador exprese en su veto que la propuesta "ley limón" sometería al consumidor "a un calvario innecesario antes de lograr un verdadero remedio", cuando el "calvario" real es el procedimiento actual del DACO bajo su reglamentación primitiva. Debido a la inexistencia de una "ley limón" en Puerto Rico, el consumidor no puede escoger entre el Tribunal de Justicia y el DACO, tiene que siempre acudir al DACO. Eso si es un "calvario innecesario".

Por otro lado, es importante destacar que el Secretario del Departamento de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, señaló en su ponencia escrita ante la Legislatura que la propuesta "ley limón" promovía un interés público sustancial, por lo que su carácter retroactivo no representaba vicios constitucionales. El Secretario de Justicia es el funcionario público encargado de emitir las opiniones constitucionales de parte de la Rama Ejecutiva. Ante esta situación, el que el Gobernador alegue en su veto que la medida "tiene vicios de inconstitucionalidad" "al hacer su aplicación retroactiva" cuando su Secretario de Justicia había opinado lo contrario es otra una falta de respeto al consumidor puertorriqueño.

En resumen, es más que evidente que el Gobernador veto la propuesta "ley limón" en vías de proteger a los grandes intereses de la industria automotriz local. Sin embargo, es igualmente evidente que el Gobernador ha perdido de perspectiva que las ventas de autos están experimentando una merma histórica, lo cual afecta la economía y los recaudos por concepto de arbitrios del gobierno. Al menos que los consumidores se sientan confiados en que existen leyes que protejan su inversión en un auto nuevo, no tendrán incentivo alguno para soltar sus apretados bolsillos. Una vez las ventas de autos se desplomen completamente, los consumidores se convertirán en los grandes intereses y verán la propia industria automotriz cabildeando por que la "ley limón" se apruebe.

Para más detalles sobre la "ley limón", así como el continuo esfuerzo para que la misma se apruebe en Puerto Rico, visite www.limonauto.com