27 de noviembre de 2007

Por: Primera Hora

Licencia de agente de seguros.

La Comisión de lo Jurídico, Asuntos Municipales y Financieros del Senado tiene la encomienda de investigar el efecto que tendría en los dueños de compañías de alquiler de vehículos de motor y el consumidor un nuevo reglamento que obliga a aquellos a tener una licencia de la Oficina del Comisionado de Seguros.

 Se trata de la Regla 86 sobre “Normas para Regular la Expedición de Licencias Limitadas” que está ante la consideración de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y que motivó a miembros de la industria de vehículos de motor de alquiler se reunieran con el senador estadista Jorge de Castro Font, autor de la Resolución 3607 del Senado, aprobada la semana pasada, que ordena la pesquisa.
 Lea la Resolución del Senado 3607
 
De Castro advirtió que la implementación de esta regla “tiene el potencial de perjudicar, no solamente a dueños de estos negocios de alquiler de vehículos de motor, quienes tendrán en adelante que incurrir en tiempo, gastos y expendios que podrían afectar su negocio, sino también al consumidor en general, puesto que sería éste quien, en última instancia, pagaría el efecto de estos gastos adicionales, mediante el alza en el costo del arrendamiento”.

Entre otras cosas, esta regla obliga a los dueños de compañías de alquiler de vehículos de motor a obtener una licencia de la OCS y cumplir con varios otros requisitos que la propia ley enumera, para poder ofrecerles a sus clientes arrendatarios protección para los vehículos que se alquilan.

En la medida se precisó que el costo de esta licencia varía, a base de la cantidad de autos u otros vehículos que el dueño de la compañía tenga en su flota. A base de la Regla 86, aquellas compañías que tengan 25 vehículos o menos, pagarán $315 anuales por la licencia; si el comerciante tiene una flota mayor, pagará $157 adicionales, por cada grupo de 50 vehículos o fracción de estos en exceso de los primeros.

Además, los dueños de estos negocios vendrían obligados a otorgar un contrato con un asegurador autorizado para suscribir los seguros correspondientes y que tal asegurador provea programas de adiestramiento y educación continua al personal del comerciante.

Los comerciantes de estos negocios no podrían exigirles a sus clientes tener asegurado el vehículo rentado o que presenten prueba de que tienen un seguro para proteger de daños la unidad o a un tercero, a pesar de que “resulta demasiado oneroso” para ellos.