11 de febrero de 2008

Por: Primera Hora

Pospuesta la sentencia de dos empresarios convictos por timar a cientos de ciudadanos.

La vista para dictar sentencia contra Gustavo Rivera Vázquez y Fernando Soto Rivera, que hicieron alegación de culpabilidad en los cientos de cargos que se les imputaban por un fraude piramidal millonario que se alega que ocurrió durante los años 2004 y 2005, fue pospuesta para el próximo 7 de marzo.

El juez de Apelaciones Germán Brau, que fue designado para el juicio de los empresarios que operaban oficinas en Quebradillas y Mayagüez, suspendió el acto de pronunciamiento de sentencia porque la técnico sociopenal que tiene a su cargo preparar el informe presentencia pidió prórroga al tribunal.

La oficial sociopenal se encuentra entrevistando a los cientos de ciudadanos que se alega que fueron timados por Rivera Vázquez y Soto Rivera, para conocer si favorecen o no que a los convictos se les permita cumplir condena en la libre comunidad o si, por el contrario, deben permanecer en prisión, donde se encuentran desde mayo del 2007, cuando fueron arrestados.

Soto Rivera hizo alegación de culpabilidad por 817 casos de apropiación ilegal agravada y violaciones a la Ley de Valores.

También hizo alegación de culpabilidad por otros 20 casos por los mismos delitos en hechos ocurridos en la zona metropolitana a través de la empresa Global Trading, de la que formaba parte, en otro esquema piramidal.

Rivera Vázquez hizo alegación de culpabilidad por un total de 852 casos de apropiación ilegal agravada y violación a la Ley de Valores de Puerto Rico.

El Ministerio Público dijo que no había acuerdo alguno con los imputados y que solicitará que la sentencia sea con agravantes.

 Los agentes Víctor Pérez y Natanael Álvarez, de la Unidad de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales, (CIC) de Mayagüez, investigaron el fraude piramidal en el que hubo 406 perjudicados, residentes de prácticamente todas las regiones de Puerto Rico.

Los perjudicados hicieron inversiones desde $1,000 hasta $200,000 bajo promesa de que en 90 días esa suma se multiplicaría.

Al cabo de algunos meses, cuando los perjudicados no recibieron el dinero invertido ni lo prometido por los ahora convictos, comenzaron a querellarse a la Unidad de Delitos contra la Propiedad. La pesquisa de los agentes Pérez y Álvarez tomó cerca de dos años, porque la cantidad de personas timadas continuaba aumentando.

Entre los timados está el ex representante Ángel Luis Rodríguez, que invirtió $2,000, y el director de la Unidad de Robos del CIC de Mayagüez, teniente Antonio Nieves, que invirtió $15,000.