15 de febrero de 2008

Por: Primera Hora

No quieren que los regulen.

El abogado de los gimnasios Lady of America objetó ayer que se legisle para reglamentar los contratos que ofrecen los gimnasios en Puerto Rico y reclamó que esa franquicia, objeto de múltiples querellas, está haciendo cambios para reducir las quejas.

 El abogado Mario A. Prieto Batista argumentó que la contratación de arrendamiento de sus servicios ya está debidamente tipificada en el Código Civil dentro del libro de Obligaciones y Contratos.

Alegó, por otro lado, desconocer muchas de las denuncias que se han hecho públicas contra esa franquicia y reclamó que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) debe revisar la forma en que ofrece información de sus querellas. “No sólo se debe publicar la cantidad de querellas, sino aquellas que se desestiman y/o que se transigen”, dijo Prieto Batista durante una audiencia pública de la Comisión de Asuntos Federales y del Consumidor del Senado.

El organismo legislativo investiga las denuncias contra los gimnasios, en particular contra Lady Of America, al que se le radicaron 422 querellas en DACO en los pasados tres años, la mayoría de ellas en 2007, particularmente por las cláusulas de sus contratos.

El abogado justificó el contrato que tienen que firmar las clientes de la franquicia en la Isla y explicó que a las personas se les entrega copia de éste y que en el mismo se les específica que disponen de tres días laborables para cancelarlo.

 “Este periodo se le concede para que puedan analizarlo, orientarse y reafirmarse en la firma del contrato. De igual forma, el contrato dispone que el incumplimiento en alguno de los pagos, o la no asistencia al gimnasio conlleva la obligación del socio de pagar por el término completo al cual se haya acogido”, confirmó.

 “Los pagos de matrícula, así como las mensualidades, son debitadas mediante pago directo... Dicho servicio es efectuado por una compañía ajena a los concesionarios, que una vez colecta las cuotas se las envía a la franquicia”, indicó.

Reconoció que los socios que caen en delincuencia son referidos a una agencia de cobro, pero dijo desconocer que esa deuda se reporte a las agencias de crédito y que la agencia de cobro utiliza la amenaza para cobrarles a las clientes.

Aceptó recibir evidencia de esas denuncias de parte del presidente de la Comisión, Orlando Parga.