17 de septiembre de 2008
Por: El Vocero
Según un informe de la Comisión senatorial de Asuntos Municipales y Financieros, la comisionada de Seguros, Dorelisse Juarbe, estaría violando la ley al reducir la prima del seguro obligatorio por accidentes automovilísticos, ya que no tiene la facultad para hacerlo. De así realizarlo ?según el documento-, no se descartaría acudir a los tribunales para impugnarlo.
El senador Carmelo Ríos, presidente de la Comisión Legislativa, afirmó que la Asamblea es la única que tienen la autoridad en ley para hacer cambios a esa tarifa porque fue la que creó la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio y fijó la prima de $99.
“Encontramos que la Comisionada de Seguros estaría violando la ley establecida por esta Legislatura. La Oficina del Comisionado de Seguros no posee facultad en ley para modificar “motu propio” una prima sin que la entidad (la Asociación) se lo haya solicitado, según establece el Capítulo 12 del Código de Seguros. La actuación de la comisionada resulta “ultra vires”, ya que ésta ejerce poderes que no le fueron delegados', indicó Ríos.
En lugar de reducir la prima a $87 como propone Juarbe, Ríos dijo que, de resultar electo en los comicios de noviembre, radicaría un proyecto el año próximo para aumentar de $3,000 a $4,000 el tope de los beneficios que se otorgan bajo el seguro compulsorio.
Por su parte, Juarbe aceptó que, aunque no ha visto el informe, difiere del legislador, ya que su oficina tiene jurisdicción para hacer propuestas. “La ley es clara. En el Artículo 7 -inciso e- dice claramente que en todo momento, la oficina puede intervenir si entiende que la prima es excesiva o inadecuada.
Tenemos autoridad en ley para hacer un análisis actuarial para proponer reducir o aumentar la prima. Estamos haciendo un informe, del cual ya se celebraron las vistas públicas y donde participó la Junta de Suscripción Conjunta, el cual está en manos de un examinador externo, quien nos dará la recomendación a base de la propuesta presentada y todas las ponencias emitidas”.
En torno al aumento en el tope de los beneficios indicó que no es malo sino que entiende no ser necesario, ya que según las estadísticas de la misma Junta, el promedio de las reclamaciones no superan los $1,000. Por tal motivo, entiende que sería más necesario, si se desea, ayudar a los consumidores evaluar la tarifa.
