21 de octubre de 2008

Por: El Nuevo Herald

La Corte Suprema decidirá si inmigrantes indocumentados que son arrestados también enfrentarán cargos de robo de identidad por usar la seguridad social o códigos de identificación que pertenecen a otros. Las cortes federales de apelación están divididas a la hora de decidir si un acusado ha de saber que los números falsos que le identifican pertenecen a otra persona. La Corte acordó el lunes que resolverá la cuestión.

 Fiscales federales han acusado a inmigrantes indocumentados de robo de identidad, incluidos a aquellos que son arrestados durante redadas en empacadoras de carnes.

 Los abogados defensores argumentan que sus clientes no deberían ser acusados de robo de identidad porque sólo buscan documentación que les permita trabajar. Muchas veces no saben si los números son ficticios o pertenecen a otra persona, señalan los abogados.

 El gobierno de Bush, sin embargo, ha dicho que eso no importa bajo la ley federal.

 La Corte de Apelaciones del Octavo Circuito, con sede en Saint Louis, estuvo de acuerdo con el gobierno y ratificó la condena de Ignacio Carlos Flores Figueroa.

 El inmigrante mexicano trabajaba en una fábrica siderúrgica en East Moline, Illinois, desde el año 2000. Cuando empezó, trabajaba bajo otro nombre y un número de seguridad social falso. En el 2006, le dijo a su compañía que quería trabajar bajo su nombre real y pidió nuevos documentos de identidad.

 Esta vez, sin embargo, el número de seguridad social pertenecía a otra persona y su número de la tarjeta de residencia permanente a otra distinta. La compañía para la que trabajaba sospechó y contactó a las autoridades de inmigración, que arrestaron a Flores Figueroa.

 Según reportes de la agencia EFE, el Supremo también tiene previsto analizar el próximo 31 de octubre la petición de la española María José Carrascosa, presa en Nueva Jersey por una disputa sobre la custodia de su hija, para revisar su caso, indicaron las fuentes judiciales.

 Esta abogada valenciana ha solicitado la intervención de la máxima instancia judicial en este país, después de que el Tribunal federal de Apelaciones del Tercer Circuito confirmase una decisión judicial anterior de rechazar la petición de habeas corpus con la que la española pretendía poner fin a su encarcelamiento.

 Carrascosa está en la prisión de Bergen County desde noviembre del 2006, en espera de ser juzgada por ocho delitos relacionados con interferencia de custodia y otro por desacato de una orden judicial que la obliga a entregar a su hija, Victoria, al ex marido, Peter Innes, a quien la justicia de Estados Unidos ha otorgado la custodia de la menor.

 Por su parte, el estado de Pennsylvania apeló ante la Corte Suprema de Estados Unidos una decisión que anuló la condena a muerte de Mumia Abu-Jamal, ícono de la lucha contra la pena capital, indicaron el lunes diversas fuentes.

 El abogado de Mumia Abu-Jamal, Robert Bryan, anunció el lunes que esta demanda fue presentada en octubre, lo que fue confirmado por la Corte Suprema a la Agencia France Presse.

 Interrogada por AFP, la oficina del procurador del estado de Pensilvania, donde Mumia Abu Jamal está encerrado en el corredor de la muerte desde hace 26 años, no dio información.

 Según un documento judicial del cual AFP obtuvo una copia, la Corte Suprema dio plazo hasta el 19 de noviembre para redactar la moción, tras lo cual la defensa responderá, y luego los nueve jueces decidirán si aceptan estudiar el caso.