29 de julio de 2016

Amanece.com

¿Agobiado por las continuas llamadas? ¿Desesperado por no entender qué debe? ¿Amedrentada por las amenazas de demandas por parte de cobradores de deudas? Son quejas que oye la Oficina de Protección al Consumidor Financiero (CFPB en sus siglas en inglés) con tanta frecuencia que hasta la fecha han respondido a un cuarto de millón de de ellas, un tercio del total de las que recibe esta oficina creada tras la última crisis financiera.

Solo el año pasado se atendieron 85,000 quejas y uno de cada tres consumidores (70 millones de personas) han sido contactadas por un cobrador el año pasado.

Semejante volumen y los abusos que se han certificado, y corregido con importantes sanciones, ha llevado a esta oficina a proponer unas reglas para clarificar unas normas que no se han actualizado en casi 40 años y que según su director, Richard Cordray, son básicas para que funcione bien el mercado del crédito.

Las nuevas reglas, que deben ser aún debatidas antes de que entren en vigor, proponen una mayor información a los acreedores sobre el proceso de cobro y más derechos a la hora de disputar lo debido o la cantidad.

Específicamente la propuesta quiere asegurar que:

• Se está demandando el cobro de la deuda correcta. Los cobradores “deben confirmar que tienen suficiente información del acreedor para empezar el proceso de cobro, cuestiones como el nombre entero, la última dirección conocida, el teléfono, número de cuenta, fecha de impago, cantidad…”
• Se limitan el número de comunicaciones a seis por semana y el acreedor puede detener alguna de ellas como las llamadas al trabajo. Además se quiere proponer un periodo de espera de 30 días tras la muerte de un acreedor para que las agencias de cobro se pongan en comunicación con sus familiares.
• Los detalles de la deuda y las disputas son claras y fáciles de entender. Además en las comunicaciones se incluirán los derechos federales de los consumidores e información sobre si la deuda es demasiado antigua como para acabar en tribunales. El CFPB considera la posibilidad de que con la comunicación se añada un formulario de disputas para los casos que lo precisen aunque el consumidor tendrá el derecho de cuestionar la validez de la deuda en cualquier momento.
• El cobrador no puede buscar el pago hasta que tenga un reporte de la deuda y la verificación de esta.
• Se prohíbe demandar judicialmente el cobro si no se tiene la documentación apropiada, algo muy frecuente ahora que termina en muchos juicios en contra de los consumidores que normalmente no tienen los recursos o la posibilidad de ir al tribunal a exponer su caso o solicitar las pruebas de lo que se debe.
• Se imposibilita que un cobrador transfiera la deuda a otro sin que se resuelva la disputa con el consumidor o acreedor.