14 de diciembre de 2011
El Nuevo Dia
El Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitó hoy a la Administración universitaria que cumpla con la decisión judicial emitida ayer, que le ordena darle paso al escrutinio de toda la documentación pública relacionada con el inventario de su propiedad inmueble. El CGE, el Comité de Representación Estudiantil (CRE), la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Confederación Nacional de Profesores Universitarios (CONAPU), la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (STUPR) y otros sectores como exalumnos y padres de estudiantes, reclamaron en el Tribunal de San Juan que se les dé acceso al inventario de propiedades que se ha obtenido por conducto de herencias y otros documentos que evidencien el manejo que le ha dado la Administración de la UPR a esas propiedades en momentos en que el sistema universitario atraviesa por una crisis fiscal. Señaló que aún queda pendiente alguna determinación judicial con respecto a la propiedad mueble y que de igual forma requiere de la Administración Universitaria un compromiso con los principios de la administración pública del siglo XXI. El presidente del CGE, René Vargas Martínez, se mostró complacido con la determinación y lamentó que la comunidad universitaria tenga que recurrir a los tribunales para obtener acceso a información pública. "Resulta lamentable que la comunidad universitaria haya tenido que acudir a los tribunales para obligar a la administración universitaria a divulgar información que por su naturaleza debería estar disponible para el escrutinio de la ciudadanía en general", dijo Vargas Martínez. Agregó que la "sentencia parcial representa solo una victoria inicial para la comunidad universitaria en su gesta por garantizar la transparencia en los asuntos universitarios". Vargas también precisó que el CGE acudirá a los foros que sean necesarios dentro o fuera de la universidad para hacer valer los derechos de sus representados los y las estudiantes.
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