12 de diciembre de 2011
Noticel.com
La contadora pública autorizada, Amanda Capó Rosselló, señaló en el foro "El fraude financiero, su impacto y la actividad forense", llevado a cabo esta semana por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, que de acuerdo a un estudio las organizaciones perdieron un promedio de un 5 por ciento de sus ingresos anuales debido al fraude. Esto representa más de $2.9 trillones, al aplicar al Producto Mundial Bruto del 2009. Es decir la mayor parte de las compañías que sufrieron fraude fue por $160 mil. Y una cuarta parte de los fraudes implicaron pérdidas de al menos $1 millón. Esto según el estudio Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, realizado en el 2010 por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACSE, por sus siglas en ingles). Este estudio tuvo como base unos 1,843 casos de fraude ocupacional. Mientras, el Estudio de Fraude en Puerto Rico, realizado en el 2006, encontró que la Isla tiene mayor incidencia de fraude con dinero en efectivo, que fue delatado principalmente por los controles internos y las auditorias de las empresas afectadas. El abogado e investigador de fraude Milton Méndez Falcón apuntó a NotiCel que dentro del mundo de la mafia, el fraude ocupa la segunda posición luego del narcotráfico. La malversación de activos fue el tipo de fraude ocupacional más común, con pérdidas en promedio de $135 mil. Aunque el fraude en la declaración financiera es el menos común, representó las mayores pérdidas con un promedio de $4 millones. De estas, solo en Estados Unidos se registraron $1.7 millones en pérdidas, una reducción de casi $300 mil comparado con las cifras del 2008. Otro tipo de fraude ocupacional que se mantiene con varias incidencias tanto en Puerto Rico como a nivel mundial, son los esquemas de corrupción. En el caso de la Isla varios políticos de alto perfil han resultado convictos por cargos de corrupción. El fraude ocupacional se ha destacado por envolver principalmente a empleados y gerenciales pero, como enfatizó el contador público autorizado e investigador de fraude, Eduardo González Green, para establecer si hubo fraude en una empresa es necesario probar que la persona tuvo la intención de cometer los actos. Según González Green, en muchas instancias el fraude ocurre porque existe la oportunidad, esto debido a la falta de "procedimientos y políticas formales, no hay controles internos, no hay auditorias internas y externas o un monitoreo de los controles". González Green precisó a NotiCel que son las pequeñas empresas las que están en más riesgo de sufrir un fraude y tener más pérdidas. La razón para ello es la ausencia de controles internos y procedimientos formales. A juicio de González Green algunos indicadores que tiene una empresa para detectar a un empleado defraudador, es que su estilo de vida no cuadre con sus ingresos, tiene acceso al dinero o los activos, atraviesa por problemas en el hogar, esta lidiando con distintas presiones, posee deudas extremas, toma poca o ningunas vacaciones, trabaja horarios extraños, tiene baja moral, problema de drogas o de juegos, o un historial delictivo. Una vez el fraude es detectado tras una ardua investigación, se puede entablar un caso criminal o civil. Sin embargo, González Green aclaró que la mayoría de las personas que sufren fraude optan por llegar a acuerdos en privado con sus defraudadores. La mayor parte de las instancias se establecer más pleitos civiles porque la víctima "cobra más". En ese sentido, González Green evaluó que los procesos judiciales a nivel criminal pueden ser más costosos y las víctimas de fraude le huyen porque les da "mala reputación", a sus empresas o a ellos como profesionales. De hecho, Capó Rosselló afirmó que en más del 85 por ciento de los casos de fraude ocupacional, a la persona nunca se le había imputado estos cargos ni había sido convicto anteriormente.
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