12 de diciembre de 2011
El Vocero
La proliferación de teléfonos celulares en las cárceles de Puerto Rico se ha convertido en un gran problema social que va desde su utilización para extorsiones o comunicaciones de carácter delictivo hasta amenazas a personas en la libre comunidad y arrestos durante las visitas a confinados. El año pasado, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) incautó 2,346 celulares, en todas las prisiones de la isla durante intervenciones con confinados, familiares y personal de la propia agencia. Hasta mediados del presente año, el DCR ha logrado ocupar 1,220 de estos aparatos. "Esta es una situación que ocurre prácticamente todos los fines de semana durante las visitas de los familiares. éstos terminan arrestados cuando son sorprendidos intentando introducir estos equipos en las cárceles. Es una situación bastante preocupante", dijo el secretario del DCR, Jesús González Cruz. Una opción que ha sido puesta en acción en otros países –como en la República Dominicana- es la utilización de equipos electrónicos que bloquean la transmisión y recepción de la señal de los teléfonos móviles en las cárceles; al parecer con gran efectividad. Según algunos detractores del artefacto; conocido como ‘jammer’ indican que se potencia de interferencia se extiende por un amplio radio que perjudica las comunicaciones en las comunidades cercanas a las prisiones. "Actualmente la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) está analizando este asunto y se espera que pronto se legisle en los Estados Unidos a favor de su utilización. Pero por ahora no se puede utilizar el jammer en la isla. Lo que estamos haciendo es aumentando la unidad canina especializada para la detección de los celulares; que ha sido un éxito. Esto va añadido a la adquisición de tecnología para ‘scanear’ a la persona y verificar si tiene un celular en su poder. Ya en enero esperamos tener varias de éstas máquinas en operaciones", sostuvo el funcionario. González Cruz destacó además la intervención de varias agencias de ley y orden en este asunto para evitar que continúe, debido que "es obvio que alguien desde afuera es quien paga las tarjetas de uso de esos teléfonos". De otra parte, afirmó el entrevistado estar a favor del propuesto registro para los compradores de los teléfonos pre-pagados; asunto que se encuentra bajo discusión legislativa en la actualidad.
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