Ignacio García Franco, candidato certificado para representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se opuso hoy durante una vista pública a la aprobación de un proyecto de ley que busca darle jurisdicción primaria y exclusiva al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para dirimir pleitos de clase de consumidores, facultad que hoy ostentan los tribunales.

"No me parece apropiado que la totalidad de los pleitos de clase de consumidores tengan que dilucidarse en el DACO, agencia diseñada para adjudicar reclamaciones pequeñas de consumidores y no litigios complejos. Además, el presupuesto anual del DACO evidencia que la agencia no cuenta con suficientes recursos económicos para implantar una medida como ésta," expresó García.

García indicó que la estructura adjudicativa del DACO no está diseñada para el manejo de pleitos de clase toda vez que el proceso pretende proveerle a los consumidores un foro ágil y sencillo donde no apliquen las rigurosas reglas de procedimiento civil o de evidencia. Además, en pleitos de clase contra el gobierno o sus corporaciones públicas, como la AEE, el DACO entraría en un conflicto de interés.

"Mientras no pongo en duda las buenas intenciones de los promotores de esta medida, la idea es desacertada. El proyecto no solo limita el acceso de los ciudadanos a las cortes, sino que provee para la adjudicación de pleitos de clase contra el gobierno o sus corporaciones públicas en una agencia administrativa del propio gobierno," puntualizó.