20 de octubre de 2011

Noticel.com

La aseguradora Triple S, quien retomó su participación en el plan de salud del gobierno después de que la Administración Fortuño inicialmente la otorgara a MCS y luego cancelara dicho contrato, demandó a MCS en el Tribunal de Primera Instancia con escandalosas alegaciones de espionaje electrónico y con una suma de daños de al menos $800,000.

La demanda fue radicada el pasado 20 de septiembre, apenas dos semanas antes de que la empresa anunciara al mercado que había retomado la administración de las regiones Metro, y Metro-Norte del plan bautizado como Mi Salud, antiguamente la Reforma de Salud.

El detonante fue el evento, publicado ya en septiembre de 2010, de que MCS había "descubierto" que algunos de sus empleados habían accedido a información confidencial de las computadoras de Triple S. Según las alegaciones, la cúpula gerencial de MCS conocía del espionaje, usó la información obtenida aún después de divulgar a Triple S la intrusión y, en ocasiones, "instigó" la intrusión.

Lo que permitió el acceso ilegal fue que MCS contrató a una serie de empleados de Triple S que siguieron usando sus códigos de acceso, y los códigos individuales de centros IPA, para obtener información confidencial de los pacientes, información de las tarifas negociadas con los IPA, y datos comerciales.

Los demandados son: Julio F. Juliá, presidente MCS; Ivars Blum, principal oficial ejecutivo de Informática; Lilia Sabater, vicepresidenta de Análisis Operacional; Javier Magriña, vicepresidenta de Cuidado Coordinado de MCS; Eduardo Zetina, vicepresidenta Suscripción de Riesgo; Héctor Pastor, vicepresidenta auxiliar de Red Proveedora; Annette Ruiz, gerente de reporting; Wilfredo Rosado, director de administración de Ipas; Félix Santana; Josué Morales, ejecutivo de cuentas; y ángel A. Crespo ejecutivo de cuentas de MCS.

Fueron las claves de Crespo y de Jean Carlos Santos Otaño, un asesor financiero de IPA que trabajó para Triple S y no está demandado, las que se usaron en el esquema, según Triple S. La empresa documentó 1,328 intrusiones ilegales y descarga de informes confidenciales desde 2008 hasta 2010. Los informes incluyen "casi todos los informes disponibles para las IPAs de la región Norte y Metro-Norte del plan de salud del gobierno", así como información de los pacientes protegida por la Ley HIPAA, datos financieros de los IPA, y las tarifas que éstos tenían negociadas con Triple S.

El acceso también se lograba con los códigos de los IPAs y, según el pleito, los IPAs con códigos comprometidos fueron los 058, 1372, 21004 y 341.

El grupo de trabajo de MCS para la Reforma "estaba encabezado por Sabater, quien estaba al tando del acceso no autorizado por parte de sus empleados al portal cibernético, y no sólo lo avaló, sino que lo instigó", según el documento radicado por el bufete Pietrantoni, Méndez & álvarez. Añaden que Zetina y Ruiz, del área de suscripción de riesgo, participaron del acceso, y que Ruiz presionó a Santos para usar sus códigos con el propósito de "poder diseñar un programa similar al de (Triple S) para MCS y para obtener información que tenía (Triple S) sobre las IPAs participantes en el plan de salud del gobierno".

Sobre los jerarcas de MCS, acusan que Magriñá "se hizo de la vista larga y permitió que (la intrusión ilegal) continuara ocurriendo, en beneficio de MCS y de su puesto en MCS", y que Juliá y Blum "permitieron que los empleados de MCS siguieran utilizando la información sustraida del portal cibernetico para que MCS pudiera cumplir con sus obligaciones bajo los contratos con ASES", en referencia a la Administración de Seguros de Salud.