19 de octubre de 2011
Servicios Combinados
A pesar de enormes dificultades que persisten, muchos países de América Latina (AL) viven, en medio de la Gran Recesión, los mejores años de su historia: han aumentado sus clases medias (180 millones de ciudadanos en la región), se ha reducido la pobreza y la tasa de mortalidad, ya no padecen de golpes de estado militares de extrema derecha ni del hostigamiento violento de las guerrillas de extrema izquierda, dependen menos que nunca del comercio y la inversión del vecino distante (EE UU), sostienen porcentajes notables de crecimiento de los PIB, poseen cantidades muy importantes de reservas de divisas y no sufren, como Europa, problemas de pago de la deuda soberana. La carga fiscal media de Latinoamérica es la mitad que la de la OCDE, lo que limita la capacidad distributiva La región está en un proceso de profunda transformación y no se la pueden aplicar esquemas superados ni tópicos mil veces repetidos, de hace 20 o 30 años. Ello quedó reflejado en las discusiones del Foro Biarritz, reunido esta vez en Santo Domingo (República Dominicana), con la presencia de políticos, empresarios, economistas e intelectuales de la zona. Ello no significa que hayan desaparecido algunas de las taras estructurales de esos países: su crecimiento económico depende, sobre todo, del monocultivo del precio de las materias primas y se ha hecho poco esfuerzo en un cambio del modelo a favor de la economía del conocimiento y de la I+D; la violencia del narcotráfico y de las bandas criminales sigue estando muy presente en términos de inseguridad ciudadana (con el 9% de la población mundial, AL tiene el 27% de los homicidios de todo el mundo); uno de cada ocho personas todavía viven en términos de pobreza extrema. Y sobre todo, la desigualdad. En AL no es posible, como por ejemplo sucede en Europa, hacer un discurso macroeconómico sin poner en primer término el factor de la desigualdad. Ese concepto no es, como aquí, una coletilla adicional en las intervenciones o un factor retórico, sino que está presente en el frontispicio de las mismas. No por casualidad AL no es la zona más pobre del mundo pero sí la más desigual. Hay mecanismos reproductores de la desigualdad como son una educación muy deficiente en su calidad (AL ha avanzado mucho en ampliar la cobertura educativa alcanzando un acceso casi universal a la educación primaria, una expansión considerable en la educación secundaria y algo menos en la universitaria) y en la segmentación de los distintos grupos sociales en el acceso a la mejor educación; y un sistema fiscal que no funciona y que es tremendamente regresivo. Según informaciones proporcionadas por el colombiano José Antonio Ocampo, un economista de una gran finura intelectual, la carga tributaria media en AL es apenas la mitad de la OCDE (17,4% frente al 35,5% del PIB), con lo cual la capacidad redistributiva de la política fiscal mediante el gasto se ve limitada. A ello se agrega una estructura sesgada de los ingresos públicos: las grandes disparidades se dan en los impuestos directos y en las contribuciones a la seguridad social; por el contrario, no hay grandes diferencias en materia de impuestos indirectos donde, además, se concentra el crecimiento de la recaudación tributaria en la zona. Los reunidos en Santo Domingo alinearon a la región con los partidarios de aplicar políticas económicas anticíclicas (medidas de estímulo en la parte baja de los ciclos económicos) en el debate actual sobre si ajustar para crecer o crecer para ajustar. El presidente de República Dominicana, Lionel Fernández -un nombre a seguir- tomó la palabra para exigir a las élites políticas y económicas que se pongan de acuerdo en la próxima reunión del G-20 en Cannes (donde estarán presentes tres países latinoamericanos, Argentina, Brasil y México, pero no la región con una única voz) en una especie de sentido común económico único con el que combatir las secuelas de la crisis económica. Especial preocupación genera en estos momentos la situación de México, un país que crece menos que la media de la zona, que tiene una estructura impositiva aun más regresiva que el resto de los países (los ingresos del petróleo palian la escasa recaudación vía gravámenes de la renta de las personas físicas y empresariales) y que corre el riesgo de devenir en una especie de Estado fallido en su lucha contra la lacra del narcotráfico.
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