17 de octubre de 2011
La Opinion
Los propietarios de La Casita Mexicana, un restaurante en Bell, no se esperaban una carta de esa naturaleza. Era el mensaje de un abogado demandándolos por incumplir la Ley de protección a discapacitados (ADA). "Decía que esta persona había venido al restaurante en silla de ruedas, había ido al baño, y ahí encontró que no se podía ver en el espejo, y que no pudo coger las tollas. Esto le había causado dolor y sufrimiento", explicó Ramiro Arvizú, el copropietario del negocio. Cuando él y su socio, Jaime del Campo, indagaron con sus empleados y revisaron las tomas de las videocámaras correspondientes al día mencionado por el abgoado, descubrieron que ningún comensal en silla de ruedas se presentó al negocio. Este caso es una de dos experiencias que el Instituto de Reforma Legal, una entidad vinculada a la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce) desplegará en una campaña mediática para demostrar la vulnerabilidad de las pequeñas empresas del estado frente a la ley ADA.Según un sondeo llevado a cabo por el instituto, California figura en la posición 46 en lo que respecta a un entorno legal favorable para las empresas. Y las leyes estatales de protección a los discapacitados, considera esa organización, son de las que más se abusa en causas litigiosas contra el sector empresarial. Afortunadamente para los propietarios de la La Casita Mexicana, el litigio no prosperó. En cambio, Roberto Guerrero, que opera un negocio en San Francisco, terminó desembolsando 18,500 dólares para conciliar una demanda amparada en la misma ley. Guerrero es el propietario del Café Cumaica en el área de Richmond, y después que un inspector del Ayuntamiento hizo una visita al establecimiento para asesorarlo en las minucias de la ley ADA, estaba convencido de que su negocio cumplía plenamente con la norma. Sin embargo, después de recibir la notificación de demanda se dio cuenta que no era así. Detalles como un basurero colocado cerca del botón que sirve a una persona en silla de ruedas para abrir la puerta, fue una de las infracciones que dieron pie al litigio. En los días que recibió la demanda, agregó, otros cuatro negocios recibieron emplazamientos parecidos en un espacio de cuatro cuadras. "Llega a un arreglo, ese fue el consejo que recibí. De todas maneras vas a gastar 25 mil dólares aun si ganas el caso", explicó Guerrero en una visita reciente a este diario para ilustrar el predicado en que se encuentran los propietarios. Pero según la Asociación de Abogados Defensores del Consumidor (CAOC), las protecciones a los discapacitados han existido desde hace 20 años, suficiente tiempo, consideran, para que el sector empresarial hiciera las modificaciones y arreglos en sus establecimiento. "Algunos abogados se aprovechan y sentimos la obligación de vigilar a nuestros propios profesionales para que no abusen de la ley", admite Jess Araujo, un miembro de la asociación. Enseguida afirma que la CAOC está interesada en trabajar con la empresa privada para corregir los problemas que pudieran dar lugar a demandas. Estas modificaciones, según él no deben costar mucho dinero a los negocios, pues se trata de hacer cosas como poner letreros y garantizar que sus puertas de acceso tengan ciertas dimensiones.
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