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  Por el libro
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6 de julio de 2023

El Vocero

Ante los efectos nocivos del calentamiento global y reconociendo que la política pública establecida hace más de cinco años no es cónsona con la Ley 33-2019 de Resiliencia al Cambio Climático, la Legislatura aprobó, el último día de sesión, una medida que prohíbe las bolsas plásticas desechables que venden los comercios.

La propuesta legislativa -que debe llegar esta semana al despacho del gobernador Pedro Pierluisi en La Fortaleza- busca “prohibir cualquier tipo de bolsa reusable hecha de polipropileno o polietileno no tejido (non woven) y así garantizar la reducción de este material nocivo para el medio ambiente”.

De esta forma, el sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la Cámara 1152 y al Proyecto del Senado 510 dispone que, luego de un año de aprobada la ley y después del proceso de orientación, todos los establecimientos dejarán de vender bolsas plásticas desechables a sus clientes para el acarreo de los artículos.

En declaraciones a EL VOCERO, la senadora popular por el Distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, autora del Proyecto del Senado 510, mencionó que la medida aprobada es un paso en la dirección correcta para evitar la contaminación ambiental, pues provee una alternativa ecoamigable para el uso de las bolsas.

Sin embargo, reconoció que el lenguaje final de la pieza legislativa se distancia un poco del objetivo trazado en su legislación original, que era que los adultos mayores no tuvieran que pagar ni un solo centavo para adquirir las bolsas. Por ende, adelantó que no descansará en buscar un mecanismo para lograr dicho objetivo.

“Ese proyecto lo presenté por petición de unos residentes de Barceloneta, todos adultos mayores, que trajeron la preocupación para que la bolsa fuera gratuita para nuestros envejecientes y todo el que así lo necesitara. Creo que el proyecto que se aprobó no cumple con el propósito principal”, afirmó Rosa Vélez.

La legislación que se aprobó prohíbe el uso de bolsas plásticas desechables, pero permite el uso de bolsas de papel. No obstante, para prevenir el uso indiscriminado de las bolsas de papel, la medida dispone que se impondría un cargo fijo a ser cobrado por los comercios, pero no se especifica el monto.

Establecimientos exentos

De convertirse en ley, la prohibición no aplicaría a los comercios de comida ni a las bolsas de productos o empaque, que son definidas en la medida como cualquier bolso sin mango utilizado exclusivamente para transportar productos agrícolas, carnes u otros artículos alimenticios hacia el establecimiento.

Tampoco aplicaría a las bolsas plásticas denominadas como Security Tamper-Evident Bags (STEB) provistas en los puntos de compra clasificados como Duty-Free en las zonas francas de los aeropuertos y puertos dentro de los límites territoriales de Puerto Rico, según específica el proyecto en el Artículo 4.

Durante la discusión de la medida en la Cámara, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) dijo que la Ley Núm. 247 había cumplido con reducir el consumo de bolsas desechables, por lo cual no favorecieron la aprobación del proyecto. Por su parte, el Centro Unido de Detallistas (CUD) planteó que el cobro por las bolsas se ha convertido en un disuasivo para evitar que los clientes hagan mal uso de estas al adquirirlas y darles diferentes usos.

A juicio de la coordinadora legislativa de la organización Sierra Club de Puerto Rico, Maritza Maymí, la legislación recién aprobada tiene como fin corregir la manera en cómo se desvirtuó la Ley 247-2015, que prohibió el uso de bolsas plásticas desechables en los establecimientos.

“Luego hubo unas enmiendas, donde entonces decían que los comercios podían sustituir esas bolsas plásticas por reusables y ahí entonces es que los supermercados, principalmente, comienzan a distribuir una bolsa que es más gruesa y que la venden a los consumidores”, indicó Maymí a EL VOCERO.

Planteó que la distribución de estas bolsas generó “un problema mucho más grande porque permanecen mucho más tiempo en nuestro entorno que las anteriores. Ambas son igualmente nocivas, pero estas tardan mucho más todavía en degradarse”.

En tanto, el veterano ambientalista, Juan Rosario, dijo que cuando se planteó la prohibición y el permitir bolsas plásticas reusables, se opuso y advirtió que “era añadirle algo a un sistema que está mal”, lo que a su juicio no produce que el asunto mejore, sino que crea un problema adicional.

Indicó que ha hablado con operadores de vertederos que le han dicho que tienen un problema más grande, ya que la gente utiliza las bolsas para botar la basura y es más difícil poder manejarlas porque duran más.

Rosario añadió que se debe crear una política pública para el manejo de materiales de segundo uso, con una entidad pública que se encargue de la debida vigilancia y fiscalización. La entidad, explicó, debe tener una junta con representantes de los distintos sectores de la sociedad civil.

“Habría que crear una política pública sobre el manejo de materiales y tendría que haber una entidad que se encargara de generar... (la) vigilancia, probablemente, sobre los municipios porque, al final de cuentas, quien maneja todo eso son los municipios. Toda la basura la manejan los municipios”, expresó.

Multas a los comercios

No obstante, con la legislación promulgada, la Legislatura busca que haya una mayor fiscalización y se le impondrían multas a los comercios que incumplan. Pero, los primeros 18 meses después de firmada la ley, los comercios solo recibirían una notificación por la falta sin penalidad.

Posterior a ello, un comercio que incumpla con lo establecido en la pieza legislativa se expone a un boleto por falta administrativa, impuesto por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), de $500 por primera infracción, $1,000 por la segunda y $5,000 por cada incumplimiento posterior.

Los recaudos de las multas ingresarán al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para sufragar sus investigaciones. Los primeros 18 meses después de entrada en vigor la ley, los boletos impuestos no tendrían cargo alguno.