El Pais.com
A Cory Bennett, licenciada en derecho por la University of San Francisco School of Law, nunca se le pasó por la cabeza que, tras las muchas horas invertidas en prepararse para ejercer de futura abogada y los más de 150.000 dólares invertidos en la carrera, acabaría aterrizando en Macy’s, con un sueldo de menos de diez dólares la hora.
Su historia es parecida a la de miles de licenciados de Derecho en las universidades de Estados Unidos que cada año apuestan por estudiar leyes en facultades de gran prestigio. Estas atraen a sus clientes barajando datos muy atractivos de empleabilidad, con cifras de hasta por encima del noventa por ciento en cuanto al número de graduados que han conseguido integrarse en el mercado de trabajo. Un espejismo que en muchos casos contrasta con la dura realidad de un mercado saturado de abogados y la fuerte competencia de internet.
Los recién licenciados, tras meses de infructuosa búsqueda de trabajo en su campo de especialidad, se ven obligados a tener que aceptar el primer empleo que encuentran en restaurantes, tiendas o lo que sale al paso. Intentan, entre otras cosas, hacer frente a los costosos préstamos que han de devolver a los bancos que han financiado sus estudios, muchas veces por valor de más de 100.000 dólares.
“Doblar camisas en Macy’s es el destino para muchos”, asegura el abogado J.R Parker, representante de varios afectados en California. Cómo van a lograr devolver los préstamos con sueldos de hasta menos de 10 dólares a la hora es la pregunta que ronda en la cabeza de muchos.
La situación se ha hecho tan insostenible que estudiantes de más de veinte universidades de Estados Unidos han emprendido una acción judicial conjunta contra sus facultades. Entienden, en palabras del equipo de abogados Strauss y Anziska que lleva el caso, que “las escuelas han violado las leyes de protección del consumidor de los estados en los que operan, ofreciendo datos engañosas sobre los porcentajes de estudiantes que encontraron trabajo tras graduarse. Los demandantes alegan que sus centros conocían que esas cifras no eran reales, pero las mantuvieron para atraer a más estudiantes. De haber conocido la realidad, muchos aspirantes no se habrían matriculado”.
“Doblar camisas en Macy’s es el destino para muchos”
En California, donde las leyes de consumo son más estrictas que en otros estados, se han admitido las cinco demandas presentadas contra las universidades de San Francisco’s Golden Gate University, Southwestern, San Diego’s Thomas Jefferson, University of San Francisco y California Western School of Low. Estudiar en cada una de estas universidades cuesta una media de 40.000 dólares al año.
Si prosperan las demandas se podría crear un precedente, no solo para California, sino para el resto de los estados. Strauss y Anziska explican que “ el propósito es no solo compensar a los demandantes, sino también cambiar la manera en que las facultades de derecho operan, para que nadie sienta que le han engañado y han frustrado sus expectativas de encontrar un trabajo acorde con sus estudios”.
Las estadísticas de empleabilidad que manejan las universidades están basadas en los criterios de la American Bar Association (ABA), la asociación americana de abogados. Si bien es cierto que esos criterios se han modificado recientemente, tras la demanda presentada por las universidades. El cambio significa que las cifras de empleabilidad son ahora menos atractivas que tiempo atrás.
Michael C. Sullivan, un abogado que representa a las facultades, manifiesta que “las universidades publican los mismos datos que son requeridos por la ABA, aunque debido a que las pautas de actuación han cambiado, ahora los centros deben desglosar el numero de licenciados que han conseguido trabajo en su campo de especialización”.
Y la realidad es que cada vez resulta más difícil para los licenciados en derecho obtener un trabajo. Servicios online y avanzados programas de software suplen la contratación de graduados en derecho con un menor coste y en menos tiempo. Un estudio llevado a cabo en el 2011 entre los estudiantes de derecho arrojó el resultado de que sólo el 55 por ciento de los graduados encontraron trabajo en el campo de las leyes nueve meses después de graduarse. Y en el 2004 había 50.0000 empleos más que en el 2010.
La escasez de empleos se esta traduciendo también en la reducción de estudiantes en las facultades de derecho. Algunos expertos creen que las universidades que ocupan las últimas posiciones dentro del ranking de las mejores facultades de derecho corren el riesgo de desaparecer y que, incluso las mejores, se van a ver obligadas a reducir el numero de alumnos por clase.
La polémica está servida y no ha hecho más que empezar. Ahora habrá que esperar a ver que dictaminan los tribunales.
