5 de agosto de 2015
El Nuevo Dia
Si algo ha dejado claro la casi indescifrable orden del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) que impone un aumento de precio al quintal de café local es que los puertorriqueños consumen café extranjero bajo los nombres de marcas tradicionales consideradas "de aquí", que el Departamento de Agricultura obtiene importantes ganancias producto de la importación de café foráneo y que nuestra industria local estaría en serio peligro de extinción si se fortalece el virtual monopolio que tiene una empresa que controla casi la totalidad del mercado en la Isla.
Algunos caficultores, torrefactores y empresarios del café se han opuesto enérgicamente a la reciente orden del DACO, no solo porque entienden que menoscabará la ya frágil industria local, sino porque, a juicio de estos, promueve un monopolio.
Y es que Puerto Rico Coffee Roasters -un jugador incorporado el 2 de junio de 2008- en tan solo siete años ha logrado acaparar cerca del 80% del mercado local y, a su vez, se ha convertido en el mayor importador de café extranjero. Esto sin la orden del DACO.
Coffee Roasters agrupa las marcas tradicionales Café Yaucono, Yaucono Selecto, Café Crema, Café Rioja, Café Encantos, Expresso, Adjuntas y Alto Grande. De este grupo de marcas, que en general se cree son locales, solo el consumidor que tenga en su alacena Yaucono Selecto o Alto Grande tiene un café 100% de aquí.
Cuando en el 2010 Coffe Roasters se disponía a adquirir por más de $10 millones la marca y la operación de Café Crema, varios empresarios cafetaleros plantearon que con ese paso se consolidaba un monopolio en Puerto Rico. La controversia llegó al Departamento de Justicia, que emitió una opinión favorable para la transacción en julio de ese año.
En aquel entonces, el secretario auxiliar a cargo de Asuntos Monopolísticos de Justicia, José Díaz Tejera, le informó a El Nuevo Día que las empresas involucradas en la transacción habían solicitado por escrito, a mediados de abril, la opinión de su oficina sobre la legalidad de la transacción en términos de monopolio.
Díaz Tejera dijo que la opinión que emitió su oficina "se basó en que eran mínimas las barreras de entrada al mercado para competidores potenciales, y la existencia del andamiaje estatutario de la industria del Departamento de Agricultura y de precios del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)”.
Tras cinco años de haber sido emitida la opinión de Justicia, la orden del DACO reactivó la amarga controversia del control del mercado, que se ha esparcido como broca por un cafetal.
Es precisamente uno de esos custodios de la regulación del mercado que señaló Díaz Tejera quien emitió la orden que cambió el aparente precario estatus de las cosas. Mientras, el otro factor importante de la ecuación de regulación, Agricultura, a su vez percibe ganancias provenientes del mercado de importación. Según empresarios vinculados a la industria, esta agencia habría pasado de percibir unos $3 millones a generar cerca de $60 millones producto del negocio de la importación.
Un poco de historia
En los últimos 50 años, la historia del café en Puerto Rico es el relato de una catástrofe. Para 1963, la producción local alcanzaba la cifra de 395,000 quintales. Esos números fueron disminuyendo aceleradamente, pero manteniendo una gráfica al estilo de una montaña rusa.
A finales de la década del 70, las cifras fluctuaron entre 200,000 y 300,000 quintales y alcanzaron su caída más estrepitosa en 1999, cuando se produjeron solo 140,000 quintales. En el 2005 se vio una modesta recuperación, cuando se promediaron 184,000 quintales de café producidos en la Isla.
Para el 2009, coincidiendo con varios factores, entre ellos la compra por parte de Coffe Roasters de la mayoría de las marcas de nombre que se suplirían casi todas de café extranjero, toca fondo la producción local para nunca más dar muestras de recuperación. Ese año apenas se produjeron 85,000 quintales de café en nuestro suelo. Para ese mismo periodo, las cifras de consumo local, según datos de Agricultura, rondaban los 300,000 quintales.
En medio de la caída en la producción cafetalera boricua, en 2006, se hace la primera revisión de precios de la industria en 20 años. Esto ocurre bajo la incumbencia de Alejandro García Padilla como director del DACO. Superadas las diversas controversias surgidas durante el proceso de revisión de precios, la Ley 222 de 2008 establece que cada cinco años el DACO viene obligado a hacer una revisión del precio del café.
Sin embargo, está por cumplirse una década de la última revisión. Desde entonces hasta ahora, García Padilla pasó de ser el director del DACO a convertirse en el gobernador que en el 2015 todavía no ha emitido una opinión sobre la orden firmada por Nery Adames, actual director de la agencia designada por ley para llevar a cabo el análisis de precios.
En junio del 2014, el Comité Evaluador de Industria del Café presentó a Agricultura el Informe del estudio de evaluación de los costos de todos los niveles de la industria del café. El documento consigna que el impacto de la industria cafetalera en la economía de la Isla sobrepasa los $75 millones. No obstante, el estudio revela que con respecto al 2005, al año 2013 se registraba una disminución de 60% en la producción del café en suelo boricua.
El informe enumera nueve factores que han abonado al deterioro de la empresa cafetalera, entre ellos, escasez de mano de obra, reducción de incentivos gubernamentales, eliminación de programas estratégicos, condiciones climáticas adversas al cultivo y aumento de costos de manufactura y empaque.
El comité estuvo constituido por 11 personas, entre estas agricultores, torrefactores, representantes de la academia, de Agricultura y del DACO. Sin embargo, hubo tres miembros que no firmaron el informe final. Ese fue el caso de Luis Conti, identificado como economista agrícola y representante de Agricultura; Jorge F. Sanders, representante de los torrefactores, igual que Germán Negrón González, quien además es gerente general y director de proyectos especiales de Coffee Roasters.
Reacción estratégica
La Asociación de Caficultores y José González Freyre, dueño de Panamerican Grain, empresa produce las marcas Café del Patio, Café de Mi Tierra y Café Mami, el único de ellos 100% puertorriqueño, denunciaron las supuestas consecuencias nefastas que tendría la orden firmada por Nery Adames, director del DACO, sobre la industria cafetalera.
Además, crearon una alianza estratégica para desarrollar y financiar una amplia campaña de redes sociales desde la página de Facebook de Café Mami. El esfuerzo mediático pretende dar visibilidad al trabajo del caficultor y promover el apoyo a la producción local.
Han publicado vídeos, estadísticas y notas periodísticas a través de los cuales han abordado temas que subyacen tras la feroz controversia económica como el salario de los recolectores por debajo del mínimo federal y la mano de obra infantil que está detrás de casi todo el producto cafetalero extranjero proveniente de Latinoamérica.
En Puerto Rico se importa café proveniente de México, República Dominicana y Costa Rica, entre otros. En algunos de estos países hermanos, distinto a lo que ocurre en la Isla, los niños son parte de la fuerza trabajadora. El tema del trabajo infantil es asignatura pendiente en muchos de los llamados países en vías de desarrollo, donde la pobreza y la desigualdad provocan que cada miembro de las familias pobres trabaje prácticamente desde que da sus primeros pasos.
Este delicado tema social forma parte de los factores que la alianza estratégica de los grupos locales han traído a la discusión pública ante la amenaza inminente del producto local sobre el importado.
Quién es quién
Aunque, según el Centro de Recursos Informativos Agrícolas de Puerto Rico (Criag), para 2010 había 39 torrefactores en la Isla, las voces que han formado parte de la discusión pública tras la reciente orden del DACO son pocas.
Ramón "Moncho" Levy, caficultor, beneficiador y dueño de Jaguey Agro Corporation; Edwin Soto, presidente de la Asociación de Caficultores de Puerto Rico, y José González Freyre, dueño de Panamerican Grain, han sido vocales en la denuncia de la supuesta amenaza de monopolio por parte del principal importador Coffee Roasters y, por ende, el inminente daño al encarecerse el producto local.
Sin embargo, es casi inevitable que la controversia pública termine a su vez casi monopolizada por la capacidad mediática que demuestren los principales ejecutivos de dos de los colosos del negocio de comidas y bebidas en Puerto Rico, Alberto de la Cruz y González Freyre, quienes muestran trayectoria e historial muy similares.
González Freyre se declaró culpable de haberles mentido a agentes del FBI y del IRS en 2007 cuando fue interrogado con relación al pago de unas factura fraudulentas que habría pagado a la agencia de publicidad Ileana Lopito & Howie por un estudio de mercadeo que nunca existió. Según la investigación, el pago de $50,000 enmascaraba donativos ilegales para Aníbal Acevedo Vilá.
Por su parte, De la Cruz también tuvo su hora por los pasillos de la corte federal por haber participado de un esquema muy similar, en su caso para allegar, mediante pago de facturas fraudulentas, entre 2005 y 2008, la suma de $165,000 a los recaudos del entonces senador Jorge de Castro Font.
De la Cruz volvió a estar en la mirilla pública cuando, en 2013, una de sus propiedades en República Dominicana fue allanada por agentes antidrogas. En su momento, el abogado de De la Cruz dijo que su cliente había sido víctima de una apropiación ilegal y que el capitán de su yate lo había alquilado a terceros que lo habrían utilizado para el transporte de sustancias controladas. Las autoridades dominicanas aclararon que De la Cruz no era blanco de la investigación.
Aparte de estos tropiezos que afectaron el nombre de las empresas de ambos y la reputación personal de cada uno, De la Cruz y González Freyre se han enfrascado en controversias mutuas por choques y disputas por los distintos mercados que abarcan sus productos.
González Freyre es dueño de Pan American Grain Company, registrada en 1980; Pan American Grain Manufacturing, inscrita en 1984; Pan American Corp, registrada en 2001; Holland Group Port Investments, inscrita en 2006 (para 2009 se cuestionó su contrato para administrar el puerto de Mayagüez debido a la convicción federal); Gasolina Beach Club, Inc., registrada en 2009; Villalba Canning Company Corp, con fecha de registro en 2006; entre otras corporaciones activas y disueltas que ha tenido. Para el 2014 se cuestionó nuevamente la capacidad de sus empresas para contratar o subcontratar con el gobierno tras haber resultado convicto. Ese fue el caso de la subasta de comedores escolares que favoreció a José Santiago, Inc., que a su vez compraba productos a Pan American.
De la Cruz también es dueño de numerosas empresas, entre las que se encuentra CC1 Beer Distributors, Inc., desde la cual se habrían hecho los pagos que terminaron en las arcas de De Castro Font; CC1 Caribbean Products, LLC, registrada en 2009; CC1 Industries, LLC, inscrita en 2010; y CC1 Food, LLC, que aparece activa en el Departamento de Estado, pero sin que haya registro de radicaciones de los informes anuales.
Igual que su contra parte, De la Cruz fundó su club en Cidra, donde se encuentra el conjunto industrial que abarca Bodegas Bearco, la embotelladora de agua Nikini, una planta de manufactura de latas y botellas, y la destilería de ron Club Caribe.
