15 de enero de 2018

Primera Hora

A tutiplén las prácticas ilegales de la odontología en Puerto Rico, incluyendo procesos de blanqueamiento dental al que se han sometido figuras públicas.

El intrusismo dental -término correcto de la violación criminal- fue denunciado a Primera Hora por la presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, Liselie Reyes, quien urgió al Gobierno a tomar acción para atajar el problema.

Instó a la Legislatura ordenar una investigación a estos fines, al tiempo que emplazó al Departamento de Justicia a dar un informe de los 14 referidos que el Colegio les ha informado con evidencia clara de violaciones a la ley 75, conocida como la Ley Dental de Puerto Rico. 

Mencionó -incluso mostró ejemplos a Primera Hora- de personas que hacen publicidad de los ejercicios ilícitos en plataformas como Facebook, entre éstos estéticas o centros de belleza que llevan a cabo “de forma ilegal” la práctica de blanquear dentaduras y casos de tecnólogos dentales que – en sus laboratorios- “examinan la boca de pacientes” y les toman medidas para confeccionar prótesis que ellos mismos instalan.

“En ninguno de los dos casos están capacitados y autorizados por ley para realizar estos procedimientos que pueden ocasionar graves problemas de salud a las personas que atienden”, dijo Reyes al agregar que las intervenciones ilícitas se llevan a cabo en lugares públicos donde no se cumplen las normas requeridas de salubridad, higiene y privacidad.

La sección 12 de la Ley Dental de Puerto Rico indica que sólo las personas licenciadas y autorizadas por la Junta Dental Examinadora para ejercer la cirugía dental en Puerto Rico tienen luz verde para realizar los blanqueamientos dentales, también conocido como “bleaching”.

La Ley Dental de Puerto Rico también indica que sólo los cirujanos dentales autorizados (incluye la gama de especialistas como maxilofaciales, ortodoncistas, entre otros) podrán examinar los dientes, huesos maxilares, encías, cavidad oral o tejidos adyacentes. Además, hace hincapié en que sólo estos profesionales de la salud certificados por el Gobierno podrán corregir irregularidades o suministrar, colocar o reparar dentaduras artificiales, coronas o puentes como sustituto de dientes naturales. 

Cabe destacar que los técnicos o tecnólogos de laboratorios dentales y los asistentes dentales no están autorizados a realizar los procedimientos descritos anteriormente pues estarían incurriendo en graves delitos que ponen en riesgo su profesión y que conllevan penas criminales, según el estatuto.

“Los pacientes van por los bajos costos y salen trasquilao’s. En el caso de los blanqueados es un trabajo mediocre porque los hacen con los materiales inadecuados y poniendo en riesgo la salud de los pacientes porque se supone que antes de un proceso como este se haga una limpieza y se corrijan las caries porque, de lo contrario, el químico es tan fuerte que puede penetrar por esa carie y dañar el nervio”, explicó la doctora con 28 años de experiencia en la profesión.

“En el caso de los tecnólogos, el caso es más grave, porque hacen trabajos complejos como los puentes y coronas. ¿puedes creerlo? Incluso, algunos envían a los pacientes al dentista para que les arreglen las caries y que luego regresen a ellos para hacer los trabajos”, agregó indignada al instar a los pacientes a pensar lo siguiente: “¿se harían una operación con una enfermera o con cirujano?”.

Mencionó el caso de una paciente que se atendió con un tecnólogo que le colocó implantes dentales sin percatarse de una lesión cancerosa. Posteriormente, la mujer murió. El caso, del que no quiso dar más detalles para no perjudicar la investigación, es uno de los referidos a Justicia.

Aseguró que hay otra tendencia que mantiene a los miembros del Colegio preocupados y son unos singulares “Dental Party” en los que un médico del extranjero visita a la isla durante un fin de semana y reúne en un mismo lugar a varias pacientes para realizarles procedimientos estéticos que incluyen blanqueamiento y laminado de dentaduras.

“Aquí lo que hacen es que alquilan el cuarto de un hotel y atienden los pacientes o le pagan a un médico para que les permitan hacer los trabajos. Y esto también es delito porque estas personas no están autorizadas a ejercer en Puerto Rico”, dijo por su parte el director ejecutivo del Colegio de Cirujanos Dentales, Gilberto Ríos.

La Junta Dental Examinadora es la entidad facultada para reconocer como especialistas y expedir certificados a los dentistas licenciados que así lo soliciten en las diversas áreas de salud oral, esto conforme a diversas disposiciones que incluyen que la persona sea miembro del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, entre otros requisitos.

Todos los casos bajo el conocimiento del Colegio fueron referidos al Departamento de Justicia, y es la subjefa de los fiscales, Arleen Gardón, quien lidera la pesquisa. Primera Hora solicitó una entrevista con la fiscal para conocer el status de los casos, pero el oficial de prensa del Departamento de Justicia, Kelvin Carrasco, despachó el asunto indicando que “por el momento no hablará hasta tanto se reúna con los miembros de la Junta de Cirujanos Dentales”.