Jorge Navarro
EL CAPITOLIO - El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor, el representante Jorge Navarro Suárez, anunció el jueves la presentación de un proyecto de ley que propone enmendar la Ley de Tránsito de Puerto Rico, a los fines de modificar el procedimiento de objeción fotomultas, equiparándolo al procedimiento de impugnación de boletos de tránsito expedidos por agentes del orden público.
Según el representante, la medida responde al malestar que ha generado la “súbita e improvisada” implementación del “Sistema de Monitoreo Electrónico de Intersecciones y Tránsito” (Simone), conocido como sistema de fotomultas, y lo oneroso del procedimiento de objeción de estas infracciones de tránsito. “Nos parece inaceptable que para objetar un boleto de tránsito que sea expedido por un agente del orden público el conductor tiene 30 días, mientras en el caso de las fotomultas sólo se cuenta con 15 días”, indicó.
“Además, nos parece intolerable que los boletos expedidos por agentes del orden público se objetan en el Tribunal de Primera Instancia, mientras en el caso de fotomultas, el asunto se adjudica dentro de la misma agencia que recibe parte del dinero que generan las multas. Esta situación representa un serio conflicto de interés que pone en duda la pureza del procedimiento de objeción y levanta sospechas sobre la imparcialidad de la adjudicación final”.
El político explicó que su proyecto también procura excluir la presunción de corrección contenida en la Regla 304 (14) de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, a cualquier tipo de multa o boleto de tránsito. “En estos momentos existe una laguna en la Ley de Tránsito relacionada a la aplicabilidad de esta presunción de corrección a las multas de tránsito. La aplicación de esta presunción le impone la carga al ciudadano que impugna la multa de probar su incorrección, cuando se supone que sea a la inversa, que el Estado pruebe la veracidad de la misma, máxime cuando se trata de fotomultas que se expiden mediante un sistema electrónico”, puntualizó.
Navarro Suárez añadió que “si el gobernador Alejandro García Padilla no le interesa a dar paso a una moratoria de este abusivo, improvisado y cuestionable sistema, lo menos que puede hacer es ordenar a su delegación legislativa a que aprueben inmediatamente nuestra legislación que garantiza que el proceso de objeción de estas fotomultas sea uno justo y transparente”.
El legislador aseguró que en el caso de la expedición de una multa de tránsito está en juego un interés propietario, puesto que esta conlleva la imposición de una sanción administrativa que consiste en la obligación de pagar una cantidad determinada de dinero. Aún más, la imposición de una multa administrativa al amparo de la Ley de Tránsito acarrea la imposición de deméritos de puntos en el expediente del conductor, los cuales potencialmente podrían provocar la revocación o suspensión de la licencia de conducir.
Esta situación requiere, a juicio de Navarro Suárez, que el Estado le garantice un debido proceso de ley riguroso a todo conductor que objete una multa de tránsito, sea esta expedida por un agente del orden público o por un sistema de fotomultas.
