6 de marzo de 2015
El Nuevo Dia
Crowley y Trailer Bridge tendrán que aclarar sobre los cargos adicionales que impusieron a sus clientes, indicando cuales fueron por decisión de cada firma y no porque el gobierno se los exigió como alegaron las empresas navieras.
Tras el desarrollo de una investigación del mercado de transportación de carga marítima, las empresas Trailer Bridge y Crowley firmaron acuerdos con la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia (OAM) por alegadas prácticas engañosas en violación de la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio, luego de encontrarse discrepancias en el cobro del “cargo de seguridad mejorada” que se remite a la Autoridad de los Puertos (AP).
El acuerdo firmado consta de la notificación a clientes por parte de las compañías navieras para dejarles claro lo que dispone el reglamento, es decir, que estas tienen la obligación de pagar el cargo estipulado a Puertos y que los precios que se cobraban respondían a una decisión de negocio de estas compañías, no a un requerimiento gubernamental como habían hecho creer.
El Secretario Auxiliar de la OAM, Jesús M. Alvarado-Rivera, informó que durante la investigación se identificaron irregularidades no tan solo con el cobro, sino también con la facturación del “cargo por seguridad mejorada”, también conocido como “scanning fee”, aprobado en el 2011 por la AP.
Alvarado Rivera indicó que del año 2011 al 2014 la diferencia de cobro a clientes y lo que se remitió a Puertos fue de $2.8 millones en la empresa Trailer Briedge y una diferencia de $2 millones aproximadamente en la compañía Crowley.
“El reglamento aprobado por la Autoridad de los Puertos dispone claramente que quienes tienen la obligación de pagar a Puertos el cargo por seguridad mejorada son las compañías navieras y que la cuantía es variable, siendo calculada en base al peso de la carga importada. Además, el cargo tiene un tope máximo para la carga en contenedores, de manera que en ningún caso un contenedor pagaría más de $69. Lo que encontramos fue que varias compañías de transportación marítima decidieron recuperar estos costos de sus clientes, pero a la hora de hacerlo incurrieron en representaciones falsas y omitieron información importante que indujo o tuvo la probabilidad de inducir a error a sus clientes”, señaló Alvarado Rivera.
Las comunicaciones generales y particulares enviadas por las empresas de transportación marítima a sus clientes indicaban que la naviera había sido “requerida” o “se le había asignado la tarea” de cobrar el cargo por seguridad mejorada “en representación” del gobierno. No obstante, realmente la Autoridad de los Puertos no había seleccionado a las navieras como agentes cobradores, sino que las propias navieras eran quienes tenían la obligación de pagar el cargo. Asimismo, Trailer Bridge impuso a sus clientes cargos fijos de $75 por contenedor y $10 por vehículo de motor, mientras que Crowley facturó cargos fijos de $74 por contenedor y $10 por vehículos de motor. Ello a pesar de que el cargo pagado por ambas empresas a Puertos consistía de $4 por tonelada, y en el caso de los contenedores nunca sobrepasaba $69. En ocasiones se les facturó a clientes $75 ó $74 por contenedores que sólo pagarían entre $25 y $35 bajo la fórmula oficial de la Autoridad de los Puertos.
“El error de estas empresas recayó en la manera en que divulgaron la información a sus clientes. La ley no les prohíbe pasar sus costos de operación a sus clientes, pero tenían que hacerlo de manera clara y transparente. No podían hacer creer a sus clientes que les estaban cobrando este cargo porque la Autoridad se los ordenó o porque la obligación del pago recaía en el cliente. Además, si querían cobrar algo distinto a lo que dispone la reglamentación de Puertos, también tenían que dejar claro que cualquier discrepancia se debía a una decisión de negocios de la naviera. Sólo así los clientes pueden tomar una decisión informada a la hora de decidir si hacen negocios con estas empresas o si interesan revisar los términos de contratación. Pero si les dicen a los clientes que tienen que pagar una cantidad fija y que las navieras están cobrando en representación del gobierno, ¿qué incentivo tiene el cliente para tratar de negociar ese cargo? Ninguno”, detalló Alvarado Rivera.
