FTC

Una corte expide una orden de interdicción contra telemercaderes que declararon falsamente su afiliación con programas federales de asistencia para deudores hipotecarios

A petición de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés), una corte federal de distrito ha ordenado el cese de una estafa operada a nivel nacional desde la República Dominicana – pero que simulaba operar desde Chicago – que presuntamente ofreció a través del sistema de telemercadeo un falso servicio de asistencia para deudores hipotecarios hispanohablantes de Estados Unidos que estaban atravesando problemas financieros. Según la FTC, los demandados les prometieron  a los propietarios de vivienda disminuir drásticamente el monto de las cuotas mensuales de sus hipotecas a cambio del pago adelantado de un abultado cargo y recaudaron más de 2 millones de dólares en concepto de cargos durante los últimos tres años, pero no les proveyeron los servicios prometidos a los propietarios de viviendas.

Según se alega en la demanda, los telemercadres, hablando en español y dirigiendo sus operaciones contra propietarios de vivienda que estaban atrasados con sus pagos o que estaban enfrentando una ejecución hipotecaria, habrían enfatizado en sus llamadas la difícil situación económica actual y habrían declarado que les podrían suministrar información sobre programas de asistencia para deudores hipotecarios.  En extensas llamadas de telemercadeo, los telemercaderes habrían mentido para crear una sensación de confianza, declarando falsamente estar afiliados o aprobados por los prestadores de los consumidores o por el gobierno, y según consta en los documentos presentados ante la corte, “asegurándose de mencionar al Presidente Obama o el plan del Presidente para ayudar a los propietarios de viviendas llamado Making Home Affordable Program”.

Cobrándoles lo que según dijeron era un cargo adelantado por única vez de entre $995 y $1,500, las personas que efectuaron las llamadas les habrían prometido falsamente a los propietarios de vivienda conseguirles una modificación para sus respectivas hipotecas dentro de un plazo de entre 30 y 90 días, y a menudo les habrían aconsejado que dejaran de pagarles a sus respectivos prestadores.  La demanda alega que los telemercaderes prometieron muchas veces que cuando se terminara de formalizar la modificación del préstamo, los prestadores de los propietarios de vivienda les condonarían los pagos vencidos y los cargos por atraso de pago.

De acuerdo a los términos de la demanda, los propietarios que se inscribieron en estos programas recibieron por correo un grupo de formularios en los que debían suministrar una gran cantidad de información personal y financiera, y se les requirió el pago de un cargo por adelantado.  Después de transcurridas varias semanas sin tener noticas de los demandados, a algunos propietarios que lograron comunicarse con un representante de los demandados les dijeron que el proceso de modificación estaba en marcha, pero que era necesario que pagaran varios miles de dólares más para cubrir cargos adicionales.  La FTC alega que al final, pocos propietarios de vivienda consiguieron una modificación de préstamo – o alguna otra cosa de valor de parte de los demandados.  Además, lo que recibieron, lo podrían haber conseguido por sí solos y gratis.

La orden de la corte establece el cese de la conducta ilegal de los demandados y congela los activos de la operación mientras que la FTC avanza con el caso.

Como parte de sus enérgicas y continuas medidas llevadas a cabo contra las estafas dirigidas contra consumidores que están atravesando dificultades financieras, la FTC presentó cargos contra el residente de Minnesota David F. Preiner, que alegadamente es propietario y dirige las seis siguientes compañías imputadas como demandados corporativos en esta estafa:

• Freedom Companies Marketing, Inc., Freedom Companies Lending, Inc., y Freedom Companies, Inc., todas con base en Centerville, Minnesota y domiciliadas en Chicago.
• Freedom Information Services, Inc., con base en Miami, Florida.
• Haiti Management, Inc., con base en Vero Beach, Florida.
• Grupo Marketing Dominicana, con base en Santo Domingo, República Dominicana.

En la demanda se acusa a los demandados de violar la Ley de la FTC y la regla aplicable a los servicios de asistencia para deudores hipotecarios (Mortgage Assistance Relief Services Rule, MARS), por haber incurrido en las siguientes conductas:

• Representar falsamente que podrían conseguir una modificación hipotecaria para que las hipotecas de los consumidores resultaran considerablemente más asequibles.
• Representar falsamente que estaban afiliados con el gobierno de Estados Unidos. 
• Falsear la probabilidad de conseguir una modificación para las hipotecas de los clientes; que lo podrían hacer rápidamente y a un precio especificado; y que estaban afiliados con el gobierno de Estados Unidos, con un plan gubernamental de asistencia para propietarios de viviendas; o con los bancos de los consumidores.
• No informarles a los propietarios que si dejaban de pagar sus hipotecas podrían perder sus casas y perjudicar sus calificaciones de crédito.
• No informarles a los consumidores que pueden escoger si desean o no aceptar la asistencia para deudores hipotecarios que los demandados obtengan de sus respectivos prestadores. 
• Solicitar y recibir pagos adelantados de parte de propietarios de vivienda sin contar con un acuerdo de modificación por escrito formalizado entre los consumidores y sus prestadores.

La FTC desea agradecer a Pro Consumidor:  Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor de la República Dominicana, el Buró de Finanzas de Consumidores del Departamento de Finanzas de Idaho, la División de Bienes Raíces del Departamento de Comercio de Utah y las oficinas de Better Business Bureau de Chicago y del Norte de Illinois por la asistencia brindada en el desarrollo de este caso.