15 de abril de 2021
InterNews
Las empresas Asphalt Solution Hatillo (Super Asphalt) y Empire Gas Company fueron multadas por la Junta de Planificación (JP) en 30,756 dólares por construir una asfaltera ilegal, cuyas labores fueron detenidas la pasada semana por líderes y vecinos de la comunidad Tallaboa Encarnación de Peñuelas.
Según una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa, sometida por la JP, el pasado 5 de abril personal de la agencia visitó el área donde los activistas habían denunciado, mediante la querella 2021-SRQ- 007102, la construcción sin permisos de la asfaltera.
Algunos de los hallazgos señalados fueron terrenos elevados, máquinas instaladas, diversas áreas en etapa de construcción, oficinas instaladas, áreas de estacionamientos asfaltadas, una torre de hierro y metal, y un muro de contención.
Todo esto sin contar con Permiso de Uso ni de Construcción.
“Aquí hay empresas que se creen que están por encima de la ley y que pueden venir a hacer lo que les da la gana, sin importar el daño que le hace a la comunidad. Fuimos allí, detuvimos los trabajos ilegales, hicimos la denuncia y las querellas, y aquí está el resultado. El pueblo no puede tener miedo de exigir su derecho a tener buena salud y a evitar que estas empresas corruptas sigan violando la ley”, expresó Jimmy Borrero Costas, líder ambiental y comunitario de Peñuelas.
Además de la multa impuesta, la JP emitió una orden de cese y desista de los trabajos, y podría ordenar la demolición de las obras ilegalmente construidas.
Sin embargo, se les dio 20 días a las empresas para objetar la multa y la demolición de las obras, incluso podrían comenzar el proceso de legalización de lo construido.
“Aplaudimos la respuesta de la JP ante la querella que sometimos y su determinación. Pero, entendemos que sería una barbaridad que, después que estas empresas, con suma temeridad, construyeron todo esto ilegalmente, se les dé oportunidad para legalizarlo”, expresó el portavoz Manolo Díaz Pérez.
Agregó que “esperamos que se mantenga la determinación y se ordene la demolición de lo construido ilegalmente. Hacer lo contrario envía un mensaje distorsionado de que en este país las empresas pueden hacer lo que les da la gana. La comunidad estará pendiente a lo que ocurra finalmente”.
